D. Carlos Andradas, rector de la UCM, ha emitido un comunicado en defensa de la universidad pública al cual me gustaría responder.

Comenzaré por manifestar mi coincidencia en la defensa de una universidad pública, a lo que, personalmente, añado que ésta debe ser además gratuita y de calidad.

Como conclusión de su comunicado figura el siguiente texto:

El mejor antídoto contra determinados comportamientos es una autonomía universitaria sólida y real que haga que sus recursos y la correspondiente rendición de cuentas garantice la independencia ante cualquier poder ajeno a los fines puramente académicos.

Acorde con las informaciones periodísticas, el caso Cifuentes surgió de una forma diferente a la que usted asume:

• De una parte, parece ser que el origen fue una venta de favores a futuro o una devolución de los ya prestados. Solamente, cuando el hecho fue difundido por eldiario.es, se produjeron ciertas presiones o ingerencias, ajenas a la universidad, y como consecuencia de ellas, se suceden una serie de hechos, cuando menos,  vergonzosos: se intenta reconstruir el acta y fabricar un relato consistente que diera cuenta de las contradicciones como algo normal y extendido (en el tiempo y número de afectados). A este respecto conviene recordar que Cristina Cifuentes no fue la única favorecida. Es decir, la falta de autonomía no parece ser el origen del problema. Se había procedido a la concesión de privilegios sin mediar presión alguna. El ataque a la autonomía se desencadena cuando la prensa airea las irregularidades y trato de favor.
• De otra parte, y acorde también con las informaciones periodísticas publicadas, dicho instituto (IDP) gozaba de una magnífica autonomía: NIF propio y ausencia de rendición de cuentas, al menos en lo que a transparencia de las mismas se refiere. Lo cual refuerza la tesis de que la autonomía tampoco es factor clave, ni siquiera correctivo, más bien de todo lo contrario.

Un factor que sí parece determinante es la falta de ética o unos principios éticos más que dudosos de todos los implicados en el caso y que forman parte de la curia de trabajadores universitarios y del selecto grupo de servidores públicos.

Si profundizamos un poco más, podemos constatar que dicha falta de ética o conjunto anómalo de valores anida en los elementos más relevantes del colectivo universitario y de gobierno: comenzando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, continuando por el Rector, luego dos catedráticos y finalizando la cadena en una trabajadora administrativa (no sé de qué nivel, pero intuyo que no es bajo) que alteró dos notas en una aplicación informática, a la que no debiera tener acceso o, al menos, al expediente de la alumna Sra. Cifuentes Cuencas.

Resumiendo, al contrario que en los cuentos de anuros, donde el bufónido (sapo) se convierte en príncipe, en este caso, resulta que son los príncipes y princesas son los que se convierte en ránidos (por aquello de las ranas de la Esperanza).

Aunque no sea su responsabilidad directa, en la educación al igual que en la vida, se aprenden cosas por simple y llana imitación, es tal rutina o hábito que no se cuestiona dicho proceder. Incluso se refleja en el refranero español con: allá donde fueres haz lo que vieres. Baste recordar cinco hechos:

1. Parece admitido por todo el mundo, que la URJC se crea como respuesta política (imitiativa) a la creación de la UC3M.
2. Tanto el facilitador (consejero de educación) como la semilla (rector, profesores, pas y algunos centros) de la URJC procedían de la UCM.
3. La presidenta de la comunidad de Madrid y algunos otros favorecidos con un máster también estuvieron ligados a la complutense y muchos ministros han sido estudiantes o han tenido como puerta giratoria la UCM.
4. La aplicación informática que gestiona los expedientes académicos es idéntica en ambas universidades y está extendida a todas las de la comunidad de Madrid. Independientemente de sus prestaciones y su origen, muchas veces el problema radica en algo tan simple como que cuando alguien se traslada de puesto, sigue conservando los accesos de los anteriores, pareciera un sistema acumulativo de permisos, cuando no debiera serlo.
5. La Sra. Cifuentes tiene una plaza en propiedad en la universidad complutense (está en excedencia por desempeño de cargo público) y parece que la obtención de la misma tiene zonas oscuras, acorde con las informaciones publicadas en eldiario.es. Además, según las encuestas, no vale para presidenta de una comunidad autónoma (una gran mayoría piensa que debe dimitir), pero, paradójicamente, podría resultar que sí es adecuada para trabajar en la UCM (dudo que pida el reingreso).

En fin, no es que ponga en duda la honorabilidad de nadie ni tampoco la de ninguna institución, pero de confirmarse los hechos por via administrativa o judicial (están por ver las sanciones o condenas y el número de condenados o sancionados), parece confirmarse que hay algo también en el modelo universitario que no funciona o, al menos, promueve a no imitarlo, si priman el buen proceder y los valores.

Relacionado con el funcionamiento y retomando su conclusión, pero en este caso en el aspecto que concierne a la no ingerencia de cualquier poder ajeno a los fines puramente académicos, me permito recordarle que las recetas a lo Juan Palomo, no conducen a buen puerto:

• Uno no puede ser juez y parte.
• Un gobierno de tecnócratas o autárquico no conduce a lo mejor y a la historia me remito.
• Presuponer que el título o cargo conlleva conocimiento omnímodo, valores y buen proceder parece que tampoco es un argumento aceptable, analizando lo sucedido.

Aún asumiendo su tesis de la autonomía como condición necesaria para un buen funcionamiento, no parece razón suficiente, me inclino más por los criterios éticos, ya señalados, de cada uno de los que constituyen la comunidad universitaria (Estudiantes, PDI y PAS) y otros factores.

Uno de ellos, lo menciona usted en su escrito, pero en un contexto muy diferente y que resumo en: son pocas las manzanas podridas en una comunidad tan extensa. Apreciación con la cual también coincido (creo que la gran mayoría de las personas son buenas. ¡Llámenme buenista!), ahora bien, parece que la ausencia o relajación de los principios éticos es una condición necesaria para formar parte del selecto grupo de poder, según otros denominado casta, en este caso, universitaria.

Otro de los factores que considero de peso está relacionado con la transparencia, que usted también menciona y que resulta un oxímoron en el caso del Instituto de Derecho Público. Coincido con usted también, pero no sólo la económica, también aquella que tiene que ver con los mecanismos selectivos de personal o de promoción, pues parecen ser el sustrato de las anomalías: son dichos procesos los perversores o su diseño promueve la antítesis de lo que pretenden.

Otro más de esos factores, que no menciona y que también considero de importancia es la democratización del funcionamiento de la universidad y con ello me refiero al sistema electoral, donde además del vicio del que goza, queda el consuelo de que permite atribuir la responsabilidad de lo que pasa a un colectivo determinado, que podríamos denominar casta también, en este caso docente con vinculación permanente, por acción o inacción.