A vueltas con el IMV y con la asignatura de Religión

Ha sido destacado en prensa varias veces, no las suficientes, y escasamente en los medios de comunicación audiovisuales, pero, a modo de resumen: hay serias dificultades para que el IMV llegue de forma efectiva a las familias que lo solicitan.

Las explicaciones son variopintas, pero hay dos que merecen destacarse: la falta de colaboración entre las administraciones (por intereses partidistas o por falta de medios materiales) y la escasez de tramitadores (funcionarios) en tiempos de pandemia.

Ambas confluyen en un tercer problema, más general y es la incapacidad de obtener los datos de forma telemática y transparente entre administraciones públicas, evitando que sea el solicitante el encargado conseguirlos en una ardua peregrinación por las diversas administraciones. Esto nos vuelve a destacar la brecha digital administrativa de este país, no solo por la falsa apariencia de digitalización (solo está la capa superior y, a veces, en qué condiciones), sino por la falta de intercomunicación eficaz entre los diferentes sistemas administrativos (estatal, autonómico y local). Uno puede usar lo que quiera, siempre y cuando facilite el acceso telemático a quien lo acredite y necesite (administración o ciudadano).

Hay reglamentación al respecto, pero también, como casi siempre, para exhibirla y sin obligación alguna sobre su cumplimiento.

Bien, imaginemos entonces una administración eficaz (supuestamente la burocracia se inventó para eso, pero justo sirve para lo contrario). Hecho el ejercicio de forma positiva, nos quedaría una segunda parte: exigirle al ciudadano que reclama dichas ayudas tanto capacidades tecnológicas (ordenador, tablet, movil y conexión a internet) como personales para iniciar, aportar la documentación, consultar la tramitación de su expediente, etc.

Seré breve en esta conclusión, si uno tiene interés en que las ayudas lleguen, lo primero que tiene que pensar son las condiciones en las que podría estar el posible receptor de las mismas.

De ahí que entremos en un tercer punto crítico y es la presencialidad de un funcionario que sea capaz de recoger la solicitud que debe realizar el sujeto demandante de la ayuda, pero en tiempos de pandemia la cosa se pone difícil si la administración está cerrada a cal y canto. Aunque a nadie se le ha ocurrido poner a militares a montar tenderetes y tramitar expedientes (será por falta de ordenadores).

Un caso similar ocurre en la supuesta enseñanza online y al nivel que sea, pero que incide mayormente en los pequeños.

Imaginemos nuevamente que todo el mundo tiene acceso a determinados recursos (ordenador, tableta, móvil, conexión a internet) cuando está en exclusión social o en riesgo inminente de estarlo (aunque se me antoja difícil), pero sobre todo imaginemos que dispone de tiempo «laboral» para controlar que sus hijos cumplen con las actividades regladas y reguladas por la escuela y en horarios establecidos (las madres Nacho Cano de este país, porque recaerá dicha tarea sobre el colectivo femenino mayormente). Esto nos lleva nuevamente a la presencialidad, pero en tiempos de pandemia implica sus riesgos, sobre todo si se cuenta con una cadena de irresponsables, incompetentes y procrastinadores en las más altas esferas de la administración.

En definitiva, el problema educativo se relaciona íntimamente con el problema laboral, con el de la supervivencia y con el sexismo.

¿Hay soluciones?: Sí, ¿baratas? Creo que también, pues se cifran en 400 millones de euros, pero sobre todo teniendo en cuenta aquello que aportan. ¿Cómo? No es el objeto de este artículo, pero solo insitiré en lo de siempre: si se quiere se puede, pero hay que quererlo o será el ¡que se jodan! fabraleño.

Cambiando de tema, pero sin alejarme de la educación. Hoy he leído la noticia de que la Generalitat implanta un plan piloto para la enseñanza del Islam en la escuela pública y como indican en el citado artículo de prensa:

…se ajusta a los dispuesto en el Acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que garantiza el ejercicio del derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros educativos públicos en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

Continuando con los ejercicios de imaginación, aunque ya le creo cansado por los esfuerzos anteriores, podría existir mayor número de profesores de religión, para atender a todos las confesiones, que de cualquier otra asignatura.

Para concluir, la escuela pública debe ser neutral (así como el Estado). ¿No sería más interesante reforzar las plantillas en estos tiempos de pandemia?

Si van a trabajar gratis, apliquemos el pensamiento económico: será porque algo sacan. Si no está de acuerdo con esta frase, quizá lo esté si se aplica a las relacionadas con Facebook y otras grandes compañías digitales.