En el día de hoy se ha difundido la noticia de la entrada en la cárcel, tras más de siete años a la espera de sentencia, de un joven que no volvió a delinquir y ha constituido una familia en este impasse judicial. El delito imputable mayor es la posesión de 4g de cocaína y una condena de 3,5 años.

De otra parte hace unos días se conoció el arreglo fiscal entre el estado, representado por la fiscalía y los responsables de la cervecera Damm. Al jefe del clan se le imputaban 13 delitos y una solicitud de pena de 48 años. Al hijo del magnate, 14 años de prisión.

Este hecho, que representa la desigualdad judicial en cuanto a condenas y su cumplimiento, es la punta del iceberg, pues hay otros casos particulares conocidos, pero sobre todo, aquellos anónimos denominados amnistías fiscales.

Además de incidir en la banalidad del endurecimiento de las penas por fraude, pues siempre se podrán evitar con cierta cantidad, que podría suponer una cifra ínfíma comparada con la fortuna personal o cantidad defraudada. Esto afianza la opinión  popular de que existen diferentes justicias; según la posición social, o mejor dicho, acorde a los recursos económicos de que disponga el defraudador.

Habrá alguien que proponga boicotear la compra de los productos cerveceros que fabrican. No es buena decisión, pues conllevaría la ruina de miles de familias, las víctimas colaterales. Al menos una parte de la fortuna de estos delincuentes siempre está a salvo.

Si al final se opta por un arreglo, ¡dejémonos de tonterías! Endurezcamos las penas económicas y hagamos escarnio público de los infractores: seguimiento temporal y escrupuloso de sus comportamientos fiscales futuros y obligatoriedad de portar un distintivo muy visible de defraudador durante dicho período.