Tras las recientes declaraciones efectuadas por el «catedrático Complutense» Aquilino Polaino ante una comisión del Senado, sobre el asunto de la homosexualidad y, teniendo en cuenta que trabajo en la misma institución de la que él ostenta cátedra, deseo manifestar:

1. El más absoluto desacuerdo con sus declaraciones
2. Se pueden sostener opiniones contrarias y con fundamento, pero desde luego, no con el objetivo de clasificar y luego calificar negativamente, en el mejor de los casos, a determinados colectivos: en este entorno de resurgimiento del darwinismo social y del reduccionismo biológico, podrá tratar de localizar el gen de la homosexualidad, pero no para calificar a priori o a posteriori de tarados a los homosexuales.

   De todas formas, si lo encuentra, podrá buscar entre los suyos el de tarado ético y el de tarado constitucional y los encontrará.

3. La libertad de cátedra existe, pero no es admisible que en aras de preservar un principio fundamental, mal interpretado, se consienta una enseñanza no científica, no ética e inconstitucional

Sugiero que quién debe, le inhabilite para la ejecución de sus funciones como profesor en está, nuestra Universidad y le retire o promueva la retirada de su condición de catedrático Complutense. ¡Renovación de cátedra ya!

Desgraciadamente, hay universidades privadas más afines ideológicamente a sus opiniones, aunque el estado podría intervenir, impidiendo que este tipo de enseñanzas se impartan en dichos centros o, en caso contrario, no homologar los títulos.

La sentencia dictada recientemente por el magistrado Santiago Pedraz levanta ampollas entre los diferentes colectivos sociales afines a cierta ideología.

Brevemente y con el fin de opinar sobre esta especie de enmarañamiento y no se si malintencionada idea de confundir a toda la sociedad de forma interesada, diré:

1. En nuestro estado de derecho existe lo que se denomina independencia del poder judicial
2. Los jueces y magistrados no gozan de la infalibilidad papal
3. Si alguien está disconforme con una sentencia, existen mecanismos adecuados para que esta se revise y pueda ratificarse o modificarse

No pretenda el legislador erigirse en juez, pues entre otras cosas, todos sabemos la independencia, honradez y catadura moral de ciertos legisladores.

No pretenda, tampoco, el legislador crear alarma social y, si fuese el juez o magistrado, sigánse los procedimientos establecidos para su relevo o inhabilitación.

Desgraciadamente, han fallecido cuatro trabajadores en la empresa estatal Navantia de Ferrol: tres hombres y una mujer, todos pertenecientes a subcontratas.

Como indicaba en un artículo anterior, el número de fallecidos por día es de tres, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Analizando lo que ocurre, parece que todo se queda reducido a enviar unas condolencias, necesarias, ¡pero mejor es no tener que darlas!. Por todo ello, se me plantean ciertas preguntas:

• ¿Es capaz de describir, con una sola palabra esta sangría contínua de trabajadores?
• Una empresa estatal y de las características de la antigua Bazán, de reputada fama internacional tanto por su trabajo como por la cualificación de sus trabajadores, ¿no debe dar ejemplo?
• ¿Por qué, estando advertidos por la UE de que nuestras tasas de siniestralidad están disparadas, todavía seguimos en dichos valores?
• ¿También hay víctimas?

En fin, estamos en la misma situación que hace unos cuantos años y con visos de que todo siga igual. Bastantes empresarios a amasar dinero, la administración mirando para otro lado y los sindicatos defendiendo no se qué.

¡¡¡Basta ya!!!

Recientemente, el pasado 25 de abril, murió, en accidente laboral, un trabajador de la empresa estatal Navantia.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los fríos y aterradores datos estadísticos muestran que fallecen tres trabajadores al día. Quizá a algún anumérico, muchos hay, le parezca irrelevante.

Aunque aparentemente todo el mundo, desde las instituciones hasta los individuos, parecen estar de acuerdo en que hay que bajar dicha cifra, además de pensarlo, deben actuar.

Aquí aprovecho para denunciar la dejadez de la administración tanto por la insuficiencia de inspectores, como por algunas sentencias judiciales pintorescas, por denominarlas de alguna manera.

De los empresarios que se puede decir, algunos, los menos, preocupados por ello, y el resto, con el único fin de conseguir rentabilidad: le importan un pepino las condiciones de los trabajadores (de las subcontratas sobre todo) así como su formación en temas de seguridad.

En lo que respecta a los sindicatos, por no ser más beligerantes con la administración y con el colectivo empresarial.

En estos momentos, Brasil con su programa para la alfabetización digital conocido como PC Conectado, constituye un referente o paradigma para otros estados de similares o parecidas características socioeconómicas..

Este programa consiste, básicamente, en la financiación, por parte del estado, de ordenadores (se estima que un millón) destinados a ciudadanos con ingresos económicos limitados.

En lo que respecta al sistema operativo instalado en los equipos informáticos, debe tomar una decisión trascendente. Existen dos alternativas, por decir algo, realmente sólo hay una, a saber, en primer lugar está el sofware libre (Linux) y como contrincante Microsoft, que ha ofrecido una versión de Windows, la Starter Edition con limitaciones en cuanto al número de programas/ventanas en ejecución (solo tres) y sin conexión a redes.

Si alguien tenía dudas, frente a estas dos alternativas, está claro qué elegir, y no sólo por el nombre del programa. Espero que el que tome la decisión final no esté iluminado o sea un visionario al estilo Bill Gates.