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Sentencia o fallo

Etimológicamente la palabra sentencia viene del latín sententia, compuesta por un sufijo entia (cualidad de algo) y la raíz sent que significa tomar una direccion tras haberse orientado.

Fallo deriva también del latín afflare que indica soplar hacia algo, rozar con el aliento, olfatear.

Hay una segunda acepción de fallo, que deriva también del latín falla, con el significado de falta, defecto.

Aún siendo el olfato un sentido primario, a tenor de su origen evolutivo, no es el más importante en los primates, prepondera y con diferencia el sentido de la vista.

Se suele presentar a la justicia a través de la diosa griega Temis, provista de una balanza como elemento que permite sopesar y, a partir del siglo XV, se le añade una venda en los ojos como símbolo de la objetividad e imparcialidad.

A tenor de lo sucedido con el tribunal tribunal de la manada, parece que a este icono debieran añadírsele unas pinzas en la nariz y unos tapones en lo oídos, pues parece que la diosa de la justicia fuera ciega, anósmica, sorda y carente de toda empatía con la victima.

Más que sentencia parece fallo, pero en su segunda acepción o derivada de falla.

Mención especial merece el voto particular del magistrado Ricardo González afirmando que el solo ve

un ambiente de jolgorio

Un pederasta ante un vídeo de contenido afín a su orientación y práctica sexual no vería nada extraño, quizá también, calificándolo como ambiente de jolgorio y disfrute.

Siguiendo con esta argumentación me parecería interesante conocer el fallo de estos tres jueces y en concreto del emisor del voto particular si hubiera ciertos cambios en la protagonista:

  • ¿Qué fallo hubieran emitido si en lugar de una mujer fuese un hombre?
  • ¿Y si fuera una persona mayor de edad con cierta discapacidad?
  • ¿Y si fuera una persona mayor?
  • ¿Y si fuera una puta fuera de servicio?
  • ¿Y si fuera la hija del Rey?

Terminaré con la mención a un artículo publicado en el confidencial y firmado por Javier Carballo en el que alude a la ejemplaridad de la justicia al abstraerse de todo tipo de presiones, incluidas las mediáticas, pero baste recordarle que esa no es razón suficiente para que una sentencia sea correcta (si se puede calificar así), entre otras cosas porque como ya indicó el que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner (en relación al caso de los desahucios, pero aplicable en sentido general):

Los jueces tienen posibilidades que la letra de la ley no les da, porque no son meros aplicadores de la letra de la ley.

Por tanto, como intérpretes de la misma ni son infalibles ni se rigen por el principio de la equidistancia (camino de en medio).De ahí que sus resoluciones pueden ser catalogadas como sentencias o fallos estrepitosos (¡ya nadie se acuerda del juez Calamita!), por la sociedad y por tribunales de orden superior.

¡Yo sí te creo!

Explicaciones ad hoc

Ciertas veces en las ciencias sociales se utilizan este tipo de explicaciones con el fin de dar cuenta de un hecho o, mejor dicho, resultado (consecuencia de ciertas causas).

Aplicado este tipo de razonamiento al caso Cifuentes podría argumentarse que conocidos y publicitados ciertos hechos sobre sus acciones pasadas motivaron su renuncia, pero siguiendo dicha argumentación podríamos preguntarnos:

  • ¿Para alcanzar la presidencia de la comunidad de Madrid es necesario cometer ciertos actos poco éticos: un hurto y obtener un máster de manera fraudulenta, a tenor de la cronología?
  • ¿Qué méritos debió realizar M. Rajoy para alcanzar la presidencia del gobierno?
  • ¿El hurto de las cremas se debía a que sus ingresos eran escasos, pues debía utilizar mucha crema hidratante para ablandar su enorme cara dura u obedecía a una patología subyacente?

Parece que todo el mundo estaría de acuerdo en que plantear lo anterior es inadecuado, cuando menos, pero veamos si esta opinión se aplica también a las justificaciones dadas por la Sra. Cifuentes al respecto de sus actos:

Dado que no realizó ningún tipo de hurto, o alguien le puso las cremas o ha sido poseída por una fuerza sobrenatural o telepática que movió su mano o estaba bajo los efectos de una sustancia psicotrópica. Si fue un acto involuntario, queda descartada la primera opción.

Y, en el caso del máster, no ha cometido ninguna ilegalidad, pero o aceptó algo que sabía era ilegal, pues nada había hecho para merecerlo o en habiendo reunido los méritos necesarios se cometió un perjuicio sobre su persona manifiesto, por lo que debería denunciar a la Universidad, no a los periodistas, y aplicar, como presidenta, una serie de medidas para aclarar el hecho y evitar que este vuelva a producirse. Como lo segundo no se ha producido (ha denunciado a los periodistas) y nada hizo por restaurar el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos, más bien todo lo contrario, solo queda la primera opción, ¿es una ilegalidad aceptar algo que uno no se merece?

¡Denuncia y verás!

Recientemente se publicó en el diario El Independiente un artículo sobre el caso Cifuentes, que  a modo de resumen se centra en una tesis conspiranoica basada en dos argumentos:

  1. La vulneración de la LOPD.
  2. La venganza personal.

Sin entrar a discutir la veracidad de la misma, ni adentrarse en el terreno de lo jurídico, resulta muy preocupante defender esta hipótesis. Lo resumiré de una forma muy breve:

De no existir una revancha e incluso asumiendo la ilegalidad en la obtención de los datos, no se habría tenido constancia de nada de lo ocurrido, pues parece que los controles, de existir alguno, no funcionaron.

Aún siendo una venganza, debería ruborizar a más de uno, empezando por los de arriba, y, además, aumenta la desconfianza sobre el sistema universitario: ¿habrá más casos?, ¿desde cuándo?, ¿cuántos?, ¿quién está implicado?

En definitiva, no cubre de gloria a nadie, pero a pesar de actuar por despecho, garganta profunda, de ser cierta la tesis, es la que sale mejor parada.

Quizá algunos consideren que la via no fuese la correcta (como la del caso Falciani), pero conociendo otros antecedentes periodísticos (algunos ya mencionados o sugeridos) y vistas la URJC y como está la justicia…

¡Lo sabían!

He de confesar que no soy aficionado a las series, a no ser que pueda ver todos los capítulos seguidos. Así evitó olvidos y puedo seguir correctamente la trama.

De forma excepcional estoy siguiendo la producción de Antena 3 titulada Fariña. Tengo varias razones para ello: soy gallego y, por edad, bastantes amigos, compañeros de colegio y vecinos han muerto como consecuencia del consumo de drogas o han tenido una vida no ejemplar como consecuencia de la adicción a las mismas.

A modo de homenaje póstumo a los fallecidos y como acompañamiento a todas las víctimas que todavía viven me he propuesto escribir este artículo.

En los capítulos 5 y 6 de esta serie que se emite los miércoles, hay ciertos hechos que me han provocado un sobresalto y sorpresa descomunales.

Primer hecho. En el capítulo 5, se relata la colaboración de la Xunta de Galicia y de Alianza Popular (AP en adelante) con los contrabandistas de tabaco, a excepción de Sito Miñanco que estaba encarcelado y ya era narcotraficante. El objetivo era urdir una estrategia para evitar su ingreso en prisión, al final lo consiguen, mediante el pago de una fianza y cambiando el juez a cargo de la causa. El presidente de la Xunta, Xerardo Fernández Albor (de AP), se reúne, en un hotel de Portugal, con los mafiosos (allí se ocultaban de la justicia) para ello.

Segundo hecho. En el capítulo 6, concretamente en el minuto 19 y que denominaría minuto de gloria, (ya eran todos narcotraficantes), hay otra reunión en la que aparecen todos los mafiosos junto con el abogado que actuaba para Alianza Popular. Esteúltimo coge parte del dinero del narcotráfico para dicho partido y también formula un discurso que voy a transcribir:

O es que echar a Rajoy salió gratis. A Mariano no le gusta nada todo esto…. Fraga, el qué más. ¿Sabes lo que le dijo? ¡Mariano aprende gallego, cásate, ten hijos y a Madrid!

No sé si los telespectadores, críticos de televisión e incluso algunos de los aludidos se dan cuenta de lo que implica esta escena.

No voy a juzgar si es verdad o mentira lo que se dice, pero si se acepta como cierto, pues parece que nadie ha denunciado a nadie, no se ha secuestrado la emisión (como en el caso del libro), etc… lo que se deduce de dicha conversación deja en ridículo los casos: Lezo, Púnica, Gürtel, Taula y todos aquellos que afectan al PP (heredero de AP), pues, independientemente del dinero que haya recaudado con dichas prácticas, es dinero manchado de sangre, de mucha sangre, de esos jóvenes, víctimas del narcotráfico.

Menciona a personas y personajes relevantes de este país: presidentes autonómicos, presidentes de partidos políticos, presidente de diputación, ministros y el actual presidente del gobierno M. Rajoy. A todos ellos los implica en el auge del narcotráfico, por acción u omisión.

Si a todo lo expuesto unimos las reflexiones del juez Taín:

…quiero mucho a Nacho, el libro, Fariña, se queda muy corto y la serie más aún. Es extraño que se cuestione Fariña cuando se ha limitado a publicar lo que está en sentencias. No se ha inventado nada. Estamos muy poco acostumbrados a ese periodismo agresivo y echo de menos otra oportunidad para llegar a conocer el volumen de contrabando. Hay que levantar el secuestro y solucionar el tema. Es que si no quedamos mal…

Aunque pueda parecer un poco jocoso, pero también a modo de a Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido por Chiquito de la Calzada, solo se me ocurre terminar con una de sus famosas frases:

¡Te da cuen!

Carta al Rector de la UCM

D. Carlos Andradas, rector de la UCM, ha emitido un comunicado en defensa de la universidad pública al cual me gustaría responder.

Comenzaré por manifestar mi coincidencia en la defensa de una universidad pública, a lo que, personalmente, añado que ésta debe ser además gratuita y de calidad.

Como conclusión de su comunicado figura el siguiente texto:

El mejor antídoto contra determinados comportamientos es una autonomía universitaria sólida y real que haga que sus recursos y la correspondiente rendición de cuentas garantice la independencia ante cualquier poder ajeno a los fines puramente académicos.

Acorde con las informaciones periodísticas, el caso Cifuentes surgió de una forma diferente a la que usted asume:

  • De una parte, parece ser que el origen fue una venta de favores a futuro o una devolución de los ya prestados. Solamente, cuando el hecho fue difundido por eldiario.es, se produjeron ciertas presiones o ingerencias, ajenas a la universidad, y como consecuencia de ellas, se suceden una serie de hechos, cuando menos,  vergonzosos: se intenta reconstruir el acta y fabricar un relato consistente que diera cuenta de las contradicciones como algo normal y extendido (en el tiempo y número de afectados). A este respecto conviene recordar que Cristina Cifuentes no fue la única favorecida. Es decir, la falta de autonomía no parece ser el origen del problema. Se había procedido a la concesión de privilegios sin mediar presión alguna. El ataque a la autonomía se desencadena cuando la prensa airea las irregularidades y trato de favor.
  • De otra parte, y acorde también con las informaciones periodísticas publicadas, dicho instituto (IDP) gozaba de una magnífica autonomía: NIF propio y ausencia de rendición de cuentas, al menos en lo que a transparencia de las mismas se refiere. Lo cual refuerza la tesis de que la autonomía tampoco es factor clave, ni siquiera correctivo, más bien de todo lo contrario.

Un factor que sí parece determinante es la falta de ética o unos principios éticos más que dudosos de todos los implicados en el caso y que forman parte de la curia de trabajadores universitarios y del selecto grupo de servidores públicos.

Si profundizamos un poco más, podemos constatar que dicha falta de ética o conjunto anómalo de valores anida en los elementos más relevantes del colectivo universitario y de gobierno: comenzando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, continuando por el Rector, luego dos catedráticos y finalizando la cadena en una trabajadora administrativa (no sé de qué nivel, pero intuyo que no es bajo) que alteró dos notas en una aplicación informática, a la que no debiera tener acceso o, al menos, al expediente de la alumna Sra. Cifuentes Cuencas.

Resumiendo, al contrario que en los cuentos de anuros, donde el bufónido (sapo) se convierte en príncipe, en este caso, resulta que son los príncipes y princesas son los que se convierte en ránidos (por aquello de las ranas de la Esperanza).

Aunque no sea su responsabilidad directa, en la educación al igual que en la vida, se aprenden cosas por simple y llana imitación, es tal rutina o hábito que no se cuestiona dicho proceder. Incluso se refleja en el refranero español con: allá donde fueres haz lo que vieres. Baste recordar cinco hechos:

  1. Parece admitido por todo el mundo, que la URJC se crea como respuesta política (imitiativa) a la creación de la UC3M.
  2. Tanto el facilitador (consejero de educación) como la semilla (rector, profesores, pas y algunos centros) de la URJC procedían de la UCM.
  3. La presidenta de la comunidad de Madrid y algunos otros favorecidos con un máster también estuvieron ligados a la complutense y muchos ministros han sido estudiantes o han tenido como puerta giratoria la UCM.
  4. La aplicación informática que gestiona los expedientes académicos es idéntica en ambas universidades y está extendida a todas las de la comunidad de Madrid. Independientemente de sus prestaciones y su origen, muchas veces el problema radica en algo tan simple como que cuando alguien se traslada de puesto, sigue conservando los accesos de los anteriores, pareciera un sistema acumulativo de permisos, cuando no debiera serlo.
  5. La Sra. Cifuentes tiene una plaza en propiedad en la universidad complutense (está en excedencia por desempeño de cargo público) y parece que la obtención de la misma tiene zonas oscuras, acorde con las informaciones publicadas en eldiario.es. Además, según las encuestas, no vale para presidenta de una comunidad autónoma (una gran mayoría piensa que debe dimitir), pero, paradójicamente, podría resultar que sí es adecuada para trabajar en la UCM (dudo que pida el reingreso).

En fin, no es que ponga en duda la honorabilidad de nadie ni tampoco la de ninguna institución, pero de confirmarse los hechos por via administrativa o judicial (están por ver las sanciones o condenas y el número de condenados o sancionados), parece confirmarse que hay algo también en el modelo universitario que no funciona o, al menos, promueve a no imitarlo, si priman el buen proceder y los valores.

Relacionado con el funcionamiento y retomando su conclusión, pero en este caso en el aspecto que concierne a la no ingerencia de cualquier poder ajeno a los fines puramente académicos, me permito recordarle que las recetas a lo Juan Palomo, no conducen a buen puerto:

  • Uno no puede ser juez y parte.
  • Un gobierno de tecnócratas o autárquico no conduce a lo mejor y a la historia me remito.
  • Presuponer que el título o cargo conlleva conocimiento omnímodo, valores y buen proceder parece que tampoco es un argumento aceptable, analizando lo sucedido.

Aún asumiendo su tesis de la autonomía como condición necesaria para un buen funcionamiento, no parece razón suficiente, me inclino más por los criterios éticos, ya señalados, de cada uno de los que constituyen la comunidad universitaria (Estudiantes, PDI y PAS) y otros factores.

Uno de ellos, lo menciona usted en su escrito, pero en un contexto muy diferente y que resumo en: son pocas las manzanas podridas en una comunidad tan extensa. Apreciación con la cual también coincido (creo que la gran mayoría de las personas son buenas. ¡Llámenme buenista!), ahora bien, parece que la ausencia o relajación de los principios éticos es una condición necesaria para formar parte del selecto grupo de poder, según otros denominado casta, en este caso, universitaria.

Otro de los factores que considero de peso está relacionado con la transparencia, que usted también menciona y que resulta un oxímoron en el caso del Instituto de Derecho Público. Coincido con usted también, pero no sólo la económica, también aquella que tiene que ver con los mecanismos selectivos de personal o de promoción, pues parecen ser el sustrato de las anomalías: son dichos procesos los perversores o su diseño promueve la antítesis de lo que pretenden.

Otro más de esos factores, que no menciona y que también considero de importancia es la democratización del funcionamiento de la universidad y con ello me refiero al sistema electoral, donde además del vicio del que goza, queda el consuelo de que permite atribuir la responsabilidad de lo que pasa a un colectivo determinado, que podríamos denominar casta también, en este caso docente con vinculación permanente, por acción o inacción.