Hoy en el diario público aparece un nuevo artículo sobre las irregularidades en las universidades españolas.

En él se destacan dos hechos de cierta relevancia:

• La politización de la universidad, siendo paradigmáticos los casos de la Carlos III de Madrid y la URJC.
• La selección del profesorado que formará parte de ellas. Un sistema que no persigue ni la excelencia, ni la justicia ni la equidad.

Como apunte para su solución se propone un cambio en la ética del profesorado y una interiorizacion de que los que accedan a las plazas deben hacerlo por mérito y capacidad.

Podríamos discutir qué entendemos por mérito y capacidad, comenzando por méritos docentes o investigadores o una combinación de ambos y en qué proporción y terminando por cómo medirlos y la validez y fiabilidad de dichos índices y procedimientos.

Dicho esto, existe un debate no abierto, que podría calificarse como tabú y es aquel, que desde mi punto de vista, condiciona lo que es la Universidad y su evolución. ¿Cuál és? Lo resumiría como una institución actual estructurada y gobernada como en el medievo: una nobleza (PDI), unos sirvientes (PAS y otro PDI) y unos plebeyos (los estudiantes, algún PAS y algún PDI). En la Complutense disponemos de estamento religioso también. Esta clasificación se ha realizado atendiendo a su capacidad entendida como potencia teleológica o no y derechos.

Una institución como esta, decimonónica en el mejor de los casos, explica su modo de funcionamiento. No van a ser los nobles los que promuevan su cambio, serán otros los que deban protagonizarlo, ajenos a la misma, de lo contrario no es que muera, seguirá siendo un zombi medieval, estará dando sustos de vez en cuando y se fomentará la privada, que a la hora de vender títulos es más eficaz y está en sus estatutos. Su primer criterio es: ¿te lo puedes pagar?

Con el fin de aclarar algún concepto, mencionaré tres preguntas, a modo de apunte, que aplicadas a la sociedad podrían suscitar cierto asombro y reflexión:

1. ¿Le parece aceptable que solo pueda ser presidente del gobierno aquel que esté en posesión de cierto título universitario?
2. ¿Le parece aceptable que el voto de un trabajador/a en activo equivalga al de 5 jubilados/as?
3. ¿Le parece aceptable que la recalificación de los terrenos esté en las manos de algunos de sus propietarios?

Pues bien, tras esas tres preguntas, la universidad tiene tres respuestas: solo los catedráticos pueden ser rectores (aunque no solo ello), el voto de cierto PDI (catedráticos y titulares) equivale a casi 5 PAS y son los tribunales de PDI los que evalúan a PDI y eligen su composición. Aunque no sea el caso, pero es similar, recordaré el caso de Cifuentes y su tribunal de TFM. El director del trabajo selecciona su composición, ya ni siquiera se molestó en invitar al amiguito de fuera, es simplemente un acto de maquillaje.

Finalmente y como colofón mencionaré las quejas de algunos titulares y catedráticos sobre el percal estudiantil que les viene y con ello me refiero a la falta de preparación manifiesta. Sin querer ser simplista, pero resulta paradójico que se quejen de un sistema educativo que parieron ellos y de un sistema de profesorado que validan también ellos. ¿No será que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?

Por cierto, no me interesa ser rector.

Uno de los argumentos esgrimidos por algunos autodenominados periodistas y analistas políticos, con la intención de acreditar el máster de Cifuentes, era el compromiso personal de tres catedráticos, uno de ellos Rector de la URJC.

Transcurrido el tiempo, se confirma que ningún título o propiedad adquirida mediante examen, oposición o intercesión papal o divina, no deja de ser un simple acto de fe, que no prueba absolutamente nada, quizá refrenda aquella frase atribuida a Cristo de que tire la primera piedra quien esté libre de culpa, salvando a María Magdalena de una lapidación inminente.

Nadie, exceptuando aquellos por condición de autoritas y una extemporánea condición de monarca, está por encima de los demás. La palabra de una persona frente a otra, no deja de ser una confrontación de hechos o acusaciones, que de no haber otro tipo de prueba, convierte dicho conflicto en indecidible, desde un punto de vista ético, aunque en otras ocasiones si era decidible, desde el punto de vista judicial, pues la condición de plebeyo o noble eran suficientes para inclinar la balanza hacia la mejor considerada (socialmente) de las partes.

También, la condición de electo parece que confiere superpoderes, desde la inmunidad hasta el autoposicionamiento en un nivel superior. Esto último parece sucederle a la alumna Cifuentes Cuencas.

Su última y retorcida argumentación es una vuelta de tornillo afirmando su inocencia. Nadie la acusa de falsificar un título, se le acusa de obtener un título de forma fraudulenta, mediante cómplices, vaya, sin realizar las mismas tareas que los demás y saltarse un montón de limitaciones por un trato de favor.

No es un problema exclusivo de la URJC, es algo más complejo, pero de no acreditarse, mediante registro oportuno o desaparición por desastre natural severo o guerra civil de por medio, procedería anular dicho título y exigir las responsabilidades administrativas y penales por alteracion interesada de expediente académico a través de intermediario.

Es curioso que se pueda trincar a unos crackers por un acto similar y sea tan difícil demostrar el fraude en la emisión de dicho título, cuando hay falta de evidencias de exámenes y TFM y la constatación de modificaciones fuera de todo procedimiento y por parte interesada e inadecuada. ¿Será el famoso talón de Cifuentes, la titulitis?

Hay también un denominado partido político que responde al nombre de Ciudadanos que tendrá que retratarse, saliéndose de la foto.

Haciendo un simil biologico, parece que el color se va tornando verdoso-blanquecino y que comienza a oler a humedad. La naranja se pudre: huele mal y sabe peor.

Hoy aparece publicado en eldiario.es un artículo con fragmentos de una entrevista efectuada al presidente de la CRUE.

¡Ya era hora de que alguien representativo de las Universidades dijese algo! Parece que no fuera con ninguna de ellas, a excepción de la afectada. Costó también lo suyo con el caso del catedrático Suárez de la URJC.

Lo lamentable de estas declaraciones es el trasfondo que subyace: corporativismo, ausencia de autocrítica y anumerismo espantoso: presuma usted de su ignorancia matemática, da lo mismo uno que un ciento. Veámoslo:

…la URJC debería haber esperado un poquito más a la hora de salir públicamente a avalar el máster obtenido por la presidenta de Madrid…

Pues creo que no. Lo que debiera haberse hecho es presentar todos aquellos documentos que acrediten sus afirmaciones o abrir una investigación externa (será tratado posteriormente). Las internas ya se sabe cómo funcionan (me remito al caso del catedrático Suárez).

Javier Ramos está haciendo todo lo que debe hacer.

Vistos los antecedentes, no sé lo que significa debe, pues ha transcurrido tiempo suficiente para fabricar y calificar, al menos, un par de TFM. A veces la rapidez implica claridad.

Las equivocaciones a la hora de traspasar las calificaciones son «normales» en un contexto de 76 universidades «miles de notas y miles de profesores» pero que, en todo caso, lo crucial es que se «subsane mediante el mecanismo institucional pertinente».

Bien. ¿Ratio de equivocaciones?, ¿sabrán las reclamaciones efectuadas, incluso las de dos años después?, ¿cuáles son dichos mecanismos pertinentes?, ¿es frecuente equivocarse dos veces con la misma alumna y por dos profesores diferentes?

De otra parte, se deduce que a la hora de transcribir las actas y para eliminar fallos debieran abordarse varias estrategias: reducir universidades (no sé en qué afecta), reducir profesores (conduce a aumentar la probabilidad de error por exceso de trabajo) o lo que parece más coherente, disminuir el número de calificaciones bien por aprobado o suspenso general, bien por reducir el número de alumnos. En cualquier caso una barbaridad que imagino que no comparte.

Lo que sí es relevante es que ni este Rector, jefe de la CRUE, ni el de la URJC parecen dispuestos a asumir la no existencia de mecanismos de control efectivos para minimizar y reducir los fallos de transcripción y de existir estos parece que no funcionan ni con la eficacia y eficiencia esperadas en la era digital.

Resulta desproporcionado e inverosímil que un periodista tenga acceso a cierta documentación como los whatsapp de un individuo de hace dos años y la Universidad no encuentre nada que acredite un hecho de magnífica importancia en 10 minutos, atendiendo, al menos al gasto en nuevas tecnologías. Se pueden fulminar 80.000€ o más en un software para detectar plagios, pero poco o nada en digitalizar y evitar el fraude en los trabajos fin de grado, máster o tesis doctoral. También en las calificaciones.

Mientras escribía este artículo acaba de aparecer otro en el que se demanda a la CRUE, por parte de la URJC, un inspector externo. Solo espero que no sea uno de las equivalentes a S&P o Moody’s.

En verdad, expongan las vergüenzas. Reconocer los errores es de sabios, ¿no? ¿Y ustedes lo son, o se lo arrogan?

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino de España a indemnizar a dos jóvenes catalanes que quemaron una foto del ciudadano Juan Carlos.

Seguidamente PP, PSOE y C’s rechazaron, en el Congreso de los Diputados una iniciativa para despenalizar las injurias a La Corona, cuando de lógica y como firmantes del tratado de la UE y del reconocimiento de los derechos humanos y de dicho tribunal, debería ser de aplicación inmediata su jurisprudencia.

De otra parte resultaron no sólo ofensivas, podrían calificarse incluso de delitos de odio las declaraciones del diputado Hernando sobre las fosas de la guerra civil y que me permito transcribir:

Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

Quizá algunos y algunas se acordaron de su madre y sus muertos cuando verbalizó dicho pensamiento.

No es el que cobran de media los bancos al ciudadano por sus préstamos al consumo.

Aquí me refiero al concepto de velar por el bienestar de un país en un sentido muy amplio.

Tras lo sucedido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y en ciernes de la aprobación de los presupuestos generales del estado para el 2018, se confirma que todos los partidos, pero sobre todo, Ciudadanos, la nueva fachada, esclava de los poderes económicos que la crearon, que, además de usurpar un nombre que va más allá del naranja, presume de ser la llave de gobierno y el azote de la corrupción tanto en el Congreso de los Diputados como en el parlamento de la Comunidad de Madrid sigue anteponiendo sus intereses partidistas (calculadora electoral) a la ética política y social.

La política en su caso no se mide por la capacidad de pactar, se calcula por su capacidad de tragar, cual ballena o tiburón tigre y su mutabilidad.

Me recuerda, también, al agónico proceso de la muerte del dictador Franco. En este caso, el sostenimiento de dos gobiernos zombies que están provocando un destrozo institucional y social, así como unas consecuencias desastrosas para la democracia de las cuales son corresponsables.

Somos la cuarta economía europea, pero compitiendo con Polonia por el primer puesto en retroceso democrático.