Como bien sabrán ustedes está dilucidándose sobre si el rey emérito es susceptible de ser juzgado en España por ciertos presuntos delitos económicos, fraude fiscal, etc. entre otros.
Lo cual invalida, al contrario de lo que pretenden ciertos monárquicos, conversos y alguna ministra magistrada, la presunción de inocencia. Lo que realmente se dirime, como indico en el primer párrafo, es su condición de inviolabilidad. Es su irresponsabilidad la que está sometida a dictamen. Por tanto, si es, o no, un ciudadano (juzgable), no la presunción de inocencia.
Tratándose de un personaje de mucha y real envergadura, está en su mano renunciar a dichos privilegios y someterse a las mismas condiciones que sus amados súbditos, a los tribunales de este país. Aunque por ser quien es, serían las más altas instancias, las encargadas de su proceso judicial. Lo cual me trae a la cabeza el famoso proverbio español que dice: los trapos sucios se lavan en casa.
¿Cree, seriamente, alguno de los lectores, que aquellos que han comido a su mesa de forma particular o protocolaria, aquellos que loaron y adularon al protagonista de la celebración del año judicial serán capaces de juzgarle con imparcialidad?
No solo parece existir una defensa a ultranza y desnortada, mediática e institucional, (aunque hay excepciones) de una institución anacrónica, poco transparente, rodeada de privilegios y representada por alguien no ejemplar: sus aventuras sexuales extramatrimoniales, prolongadas en el espacio y tiempo, los corruptos de su círculo laboral e íntimo, por citar algunos, pasan a un sexto plano. Si hubiera que defender una institución debería distinguirse claramente de su representante circunstancial. En palabras de Sr. Zapatero, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste.
No voy a entrar ni en el análisis del escrito de la Casa Real ni a valorar el abandono de su amada España, ya lo han hecho otros y de manera prolija, pero, si es cierto lo que afirma El Confidencial, que su destino pérsico anula cualquier extradición al país helvético, puedo concluir que, además de una conjunción astral encaminada a defender lo indefendible y que no se da puntada sin hilo, la presunta inocencia se torna culpabilidad: un campechano va de frente y a calzón quitado.
Por su inviolabilidad e irresponsabilidad, por el desinterés y por la incapacidad de juzgarle por parte de las instituciones democráticas españolas, tampoco deberían sacar los trapos sucios los tribunales extranjeros (la cantidad de trapos y el tipo de suciedad podría reconocerse en terceros) y no vaya a ser que deje cerco o resulte indeleble.
El que nos saquen los colores es irrelevante para el país, pues tanto el TJUE como el TPI e incluso la propia ONU ya lo han hecho en numerosas y vergonzosas ocasiones, incluso de nuestra reciente historia democrática, pero no para el que escribe.
