Parece que los gobernantes españoles están preocupados por el cambio climático, sobre todo desde la visita de Al Gore y han decidido articular medidas para disminuir la polución ambiental, el CO2 vertido de forma constante y desmesurada a la atmósfera.
Entre otras cosas y según el artículo periodístico aparecido en el diario El Mundo se aportará por la aquitectura bioclimática, el transporte por barco (¿con barcos punteros como el famoso Prestige?), cambio de calderas, sistemas de programación de temperatura (¡como estén basados en Windows!) y más suela de zapato o transporte público.
Ante estos hechos me gustaría saber que capacidad tiene el Estado Central de obligar a los gobiernos autonómicos de cumplir ciertas normas, pero sobre todo lo más preocupante es lo que ocurre en la propia industria productora de energía y en la propia administración.
En esta última parte puedo indicar que, en general, la administración promulga leyes para que estas sean cumplidas por los ciudadanos, pero no por ella misma, es ajena e inmune a esas leyes.
Construye túneles para fomentar el tráfico privado y luego apuesta por el público. No se cumplen con los preceptivos estudios de impacto ambiental o se intenta burlar la normativa realizando subdivisiones aritficiales. No se respetan los márgenes aceptables de ruido. Existen coches oficiales que consumen como tanques, tanques y aviones que consumen como centrales de ciclo combinado. Se construyen edificios majestuosos pero sin criterio de ahorro energético, se saltan todas las normas de ahorro y calidad en las viviendas de protección oficial… En fin una innumerable cantidad de incumplimientos que sería tedioso relatar, pero, dado el tipo de vida actual del ciudadano medio que pasa más tiempo en el lugar de trabajo que en su propia casa consumiendo, es ahí dónde se debe incidir y como no, educar.
