En las clases de filosofía me explicaron lo que había sucedido en la Grecia Antigua, donde un conjunto amplio de pensadores abrazaron la racionalidad y desterraron las tradiciones explicativas ocurrentes.

Desde unos meses atrás, comenzando por los políticos profesionales, parece que también muchos ciudadanos comenzamos a realizar un proceso reflexivo sobre ciertas instituciones a las que se les otorgaban dos características relevantes: impunidad y prestigio.

Dichas instituciones son la judicatura y la educación universitaria y, por comprensión todos sus miembros. Por tanto, comienzan a desmoronarse dos mitos o ídolos de barro: magistrados y profesores universitarios, en especial los catedráticos, dado que son los más poderosos.

Al respecto de este desprestigio y falibilidad es importante considerar ciertos hechos:

Cualquier institución es el reflejo de la sociedad en la que surge y existe. Siendo esta última, la única capaz de cambiarlas, cuando se han fosilizado en el pretérito imperfecto.

Los miembros de estas instituciones son humanos y están sujetos a las mismas pasiones y sesgos que cualquier otro. Sí les reconozco, por sus conocimientos y habilidades, la capacidad de convencer (engañar) al menos versado o retorcer los argumentos hasta límites insospechados.

Cuando la sociedad civil, manifiesta un completo desacuerdo con sus actividades (los fallos o títulos universitarios) se sienten, cuando menos, molestos y surge un grado mayor o exacerbado de corporativismo, en lugar de transparencia y tratar de mejorar sus procesos internos de control, si es que existen.

Algunos podrán alegar y alegan que son apolíticos, que no votan, etc. Pero lo cierto es que al estilo del lema del Ministerio de Hacienda, la ignorancia política y sociohistórica no le exime de sus deberes y obligaciones como ciudadanos y personas y, como funcionarios públicos, tienen deberes y obligaciones y, por tanto, son responsables del buen funcionamiento de sus respectivas instituciones.

En la democracia española, está tocado el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y ahora el educativo.

En lo que respecta a este último y de continuar los medios de comunicación y la sociedad civil denunciando y con algún juez responsable, que los hay, auguro sorpresa, asombro y vergüenza ajena.