Recientemente han aparecido dos noticias en la prensa. Ambas relacionadas con los derechos humanos y con las fuerzas de inseguridad del estado.

En un caso en la Pérfida Albión, que detenta la presidencia europea y en la que se anuncia a bombo y platillo que existirán daños colaterales en la población civil (la mayoría, vaticino, será en gentes de origen humilde y emigrante), pues, tras una especie de psicosis policial, alguien del gobierno, iluminado por una bombilla de luz negra, ha dado la orden de que primero se dispare y luego se pregunte. Como consecuencia de ello se ha producido la ejecución de un emigrante brasileño: José Carlos de Menezes. Un lacónico !lo siento!, ha sido la reacción del gobierno londinense, como si la cosa no fuera con ellos. Los monstruosos atentados del siete de julio justifican cualquier tipo de actuación, conculcando cualquier derecho internacional y cualquier ética, mínimamente racional.

Por si no fuera poco, en nuestro país, en Roquetas de Mar, y, quizá, por discípulos del terrorífico Galindo, se apaleó a un agricultor, Juan Martínez Galdeano; maniatado y con armas no reglamentarias, hasta causarle la muerte.

No parece normal que un ciudadano, ebrio o no, que entre en un cuartel de la Guardia Civil o Comisaría, salga con los pies por delante y deformado por los golpes recibidos por un número (nueve) de la Benemérita.

Parece que la fiebre británica se extiende por la península, esperemos que sea pasajera. Humildemente, creo que el gobierno debe replantearse hacer test psicológicos periódicos a todos los guardias civiles o al menos a los profesores de las academias militares, pues esto se aprende o ¿para qué se disponía de porras no relgamentarias en un cuartel de la guardia civil?

Recientemente aparecieron en su domicilio de El Ferrol dos ancianos muertos: él, militar retirado, exhausto, muerto en el frente. Ella peluquera, enferma de alzhéimer (está, pero no es); incapaz y muerta por inanición.

Las circunstancias le obligaron, al final de su vida, a cambiar de profesión: de empuñar un arma a sostener un orinal; de ostentar uniforme caqui a vestir bata blanca; de matar, a morir por su compañera. Sólo, y mermado de fuerzas, ante un monstruo enorme y despiadado.

Triste y terrible suceso. Manifiesta, una vez más, la escasa o nula atención socio-sanitaria que se ofrece en Galiza al colectivo de la tercera edad: las residencias y centros de día son escasos o inexistententes.

Padecer esta enfermedad obliga a los allegados a realizar un curso acelerado de enfermería con especialidad en geriatría, cuidados paliativos, técnicas de manipulación, etc.

En la mayoría de los casos, el enfermero emergente no se encuentra en las mejores condiciones físicas, a lo sumo, en la fase previa a los achaques típicos de la edad y con ciertos rescoldos del vigor juvenil.

En definitiva, este luctuoso caso debería servir como punto de inflexión en la atención tanto de los ancianos como de los afectados por el mal de alzhéimer. Espero que los nuevos tengan aprendida la lección.

Tras las recientes declaraciones efectuadas por el «catedrático Complutense» Aquilino Polaino ante una comisión del Senado, sobre el asunto de la homosexualidad y, teniendo en cuenta que trabajo en la misma institución de la que él ostenta cátedra, deseo manifestar:

1. El más absoluto desacuerdo con sus declaraciones
2. Se pueden sostener opiniones contrarias y con fundamento, pero desde luego, no con el objetivo de clasificar y luego calificar negativamente, en el mejor de los casos, a determinados colectivos: en este entorno de resurgimiento del darwinismo social y del reduccionismo biológico, podrá tratar de localizar el gen de la homosexualidad, pero no para calificar a priori o a posteriori de tarados a los homosexuales.

   De todas formas, si lo encuentra, podrá buscar entre los suyos el de tarado ético y el de tarado constitucional y los encontrará.

3. La libertad de cátedra existe, pero no es admisible que en aras de preservar un principio fundamental, mal interpretado, se consienta una enseñanza no científica, no ética e inconstitucional

Sugiero que quién debe, le inhabilite para la ejecución de sus funciones como profesor en está, nuestra Universidad y le retire o promueva la retirada de su condición de catedrático Complutense. ¡Renovación de cátedra ya!

Desgraciadamente, hay universidades privadas más afines ideológicamente a sus opiniones, aunque el estado podría intervenir, impidiendo que este tipo de enseñanzas se impartan en dichos centros o, en caso contrario, no homologar los títulos.

La sentencia dictada recientemente por el magistrado Santiago Pedraz levanta ampollas entre los diferentes colectivos sociales afines a cierta ideología.

Brevemente y con el fin de opinar sobre esta especie de enmarañamiento y no se si malintencionada idea de confundir a toda la sociedad de forma interesada, diré:

1. En nuestro estado de derecho existe lo que se denomina independencia del poder judicial
2. Los jueces y magistrados no gozan de la infalibilidad papal
3. Si alguien está disconforme con una sentencia, existen mecanismos adecuados para que esta se revise y pueda ratificarse o modificarse

No pretenda el legislador erigirse en juez, pues entre otras cosas, todos sabemos la independencia, honradez y catadura moral de ciertos legisladores.

No pretenda, tampoco, el legislador crear alarma social y, si fuese el juez o magistrado, sigánse los procedimientos establecidos para su relevo o inhabilitación.