No es el que cobran de media los bancos al ciudadano por sus préstamos al consumo.

Aquí me refiero al concepto de velar por el bienestar de un país en un sentido muy amplio.

Tras lo sucedido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y en ciernes de la aprobación de los presupuestos generales del estado para el 2018, se confirma que todos los partidos, pero sobre todo, Ciudadanos, la nueva fachada, esclava de los poderes económicos que la crearon, que, además de usurpar un nombre que va más allá del naranja, presume de ser la llave de gobierno y el azote de la corrupción tanto en el Congreso de los Diputados como en el parlamento de la Comunidad de Madrid sigue anteponiendo sus intereses partidistas (calculadora electoral) a la ética política y social.

La política en su caso no se mide por la capacidad de pactar, se calcula por su capacidad de tragar, cual ballena o tiburón tigre y su mutabilidad.

Me recuerda, también, al agónico proceso de la muerte del dictador Franco. En este caso, el sostenimiento de dos gobiernos zombies que están provocando un destrozo institucional y social, así como unas consecuencias desastrosas para la democracia de las cuales son corresponsables.

Somos la cuarta economía europea, pero compitiendo con Polonia por el primer puesto en retroceso democrático.

Con motivo de las recientes encarcelaciones de líderes catalanes, de Puigdemont en particular y de la huida de otros, seguimos en un déjà vu eterno.

No voy a insistir en la torpeza generalizada que ya relaté en otro artículo anterior, pero sí en la terquedad o enrocamiento de líderes políticos catalanistas y en la desidia y parálisis del gobierno de M. Rajoy. Todos ellos, cadáveres políticos. Unos negándose a reconocer lo obvio, que las aventuras conllevan costes y responsabilidades que deben asumirse y los otros judicializando la política y politizando la judicatura.

En resumen, el haber llegado a esta situación es una corresponsabilidad, pero seguir así es una irresponsabilidad política y social.

No sé ni cuál es la mejor solución ni si acabará este desgraciado y cíclico episodio, pero lo que sí queda claro es que no está en las manos de dichos políticos. Aunque sí hay un último servicio que todos ellos nos pueden hacer. De una parte, asumir de forma colectiva (ya que nadie quiere de forma unipersonal) el engaño y fraude social cometido y de la otra, puesto que ni están ni se les espera, irse, pues lo único que transmiten es la no necesidad de un gobierno (por inútil e incluso contraproducente) y el cuestionamiento institucional generalizado por su mala praxis y utilización interesada y torticera de las mismas.

En un artículo publicado por el diario.es, este catedrático de la URJC hace una defensa de su universidad y de las universidades públicas en general. A modo de resumen, lo condensaré con la tópica frase de que pagan justos por pecadores.

Coincido plenamente con él en defender las universidades públicas, la investigación y seguro que muchas otras cosas más, pero hay veces que uno debe percatarse de dónde está, qué hace o deja de hacer y que parte de responsabilidad acarrean sus acciones o inacciones.

Sin entrar en polémicas anteriores o presentes ocurridas en la URJC voy a facilitarle una serie de datos relevantes o no, pues está en mejores condiciones de conocer los detalles que quien escribe.

En las pasadas elecciones a Rector/a, ganadas por el que actualmente está desempeñando ese cargo, Javier Ramos, se produjeron los siguientes resultados:

A modo de datos adicionales a los expresados en el gráfico anterior es interesante mencionar:

• El profesorado participó en un 64,28% con un peso del 68% en el voto ponderado: 53% + 15%
• El número total de alumnos que ejercieron el voto con respecto al censo fue un 10,5% y con un 21% en peso ponderado
• La participación del PAS fue del 83,4% y con un 11% de peso ponderado.

Dicho esto, se puede apreciar una escasísima participación (previsible, ya que en el 2003 solo fue del 2,3%) de los alumnos (se decantaron por la opción perdedora) y que haciendo caso al modelo de Downs, si no es decisivo el voto de un individuo, en el caso de los alumnos se reduce mucho más y el interés decae.

El colectivo PAS recuerda a las votaciones típicas de regímenes autoritarios, hay un alto compromiso con el régimen y podríamos afirmar, en este caso, que con alto grado de satisfacción y convencimiento.

Para el colectivo PDI se aprecian dos datos a considerar: el alto grado de no numerarios y numerarios que se decantan por el continuismo. Según datos oficiales de 2016 hay 723 no numerarios frente a 573 numerarios. Lo que revela una precarización de la plantilla y como ha ocurrido en otras ocasiones pasadas, el protestar o no votar al candidato oficial podría conllevar represalias, pero bueno, aunque parezca que es un despreciable 15% de peso frente a un 53%, el 71% del voto se fue para el candidato oficial, hecho que concuerda con la selección artificial o con el peaje por la subsistencia de todo precario.

El colectivo de catedráticos y titulares, es el más interesante, desde el punto de vista electoral dado su peso. También es fácil de convencer con regalías de distinta índole.

Bien, uno puede defender lo suyo, pero también debe reflexionar y actuar en consecuencia. Si es anósmico quizá no se percate del tufo, si es ciego no vea lo sucios que tiene los zapatos o, de seguir así, no darse cuenta de que son las aguas fecales las que le llegan al cuello.

Para terminar, y a modo de resumen, está muy bien preocuparse de la excelencia y defenderla, cual islote de diamante rodeado de un mar pútrido, pero uno no puede abstraerse en su isla, ajeno a lo que le rodea. Quizá su ecosistema se vaya al garete.

Es cierto que como desconozco el número de acciones emprendidas por este catedrático con el fin de mitigar ese impacto negativo que menciona, puedo errar por exceso en la crítica de su escrito, pero desde luego, está claro que ese no es el argumentario a seguir, lo único que parece demostrar con ello es una actitud deliberada de ignorancia del pasado y el presente y un regodeo en la excelencia, pero ni la resiliencia de la URJC es infinita, ni el ser un buen científico/investigador la salvará de su extinción. Es necesario algo más.

Llevo años trabajando con ordenadores y usando aplicaciones informáticas más o menos complejas. Por ello me gustaría realizar unas cuantas precisiones de aquello que podríamos calificar como fallos informáticos.

En líneas generales, podríamos considerar que existen dos tipos:

• Fallos debidos al hardware, es decir, que algunos de los componentes físicos del ordenador estén estropeados: procesador, discos duros, monitor, teclado, ratón, memoria… y que conllevan un grado de afectación mayor o menor sobre los datos almacenados en el sistema. Si son componentes fundamentales como la CPU o el disco duro, el sistema o no funciona o causa fallos aleatorios y generalizados con unas consecuencias desastrosas, como la corrupción de datos. Si son de periféricos: teclado, ratón, monitor, impresora o escáner, suelen causar molestias al usuario, pero no conllevan alteración masiva de datos, pues no los manipulan de forma directa. Asumiendo un fallo hardware importante hay que decir que los sistemas corporativos disponen de redundancia de hardware y copias de seguridad que permitirían mitigar o minimizar tanto los daños como el tiempo de recuperación. Dicho en la jerga informática, garantizar un funcionamiento cercano a los cinco nueves, es decir, al 99,999%.
• Fallos producidos en el software, distinguiremos dos casos: por actuación de software malicioso/cracker o por un mal funcionamiento intrínseco del programa. En el primer caso lo más frecuente sería un daño masivo con intención de pedir un rescate o para una destrucción masiva de información. Y si es un error del programador, podría analizarse la repercusión, pero suele afectar a un bloque de datos que responde a un patrón concreto. En ambos casos y una vez detectado el fallo podría recuperarse la información de las copias de seguridad anteriores a la detección de la anomalía.

He dejado a para una reflexión posterior el caso de contratar a un cracker selectivo que hubiese alterado algún valor determinado y por encargo, con el fin de conseguir algún objetivo concreto, y otra opción, aquella que por un error de programación se afecte a un reducido número de casos que responda a un patrón muy, pero que muy concreto.

Tras lo expuesto y traducido al caso de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, parece apuntar a un fallo puntual del programa, a la actuación deliberada de un cracker o al error de transcripción (humano que teclea o no teclea).

El fallo puntual del programa queda descartado, pues modificaría el resto de las notas de la alumna y no solo a dos, o a varios alumnos en el caso de no responder a un patrón unívoco de dicho alumno (dni, etc.). El caso de un cracker lo descarto porque sería un hecho delictivo.

Por tanto, todo se reduce a un error imputable a un humano, tal y como parece indicar la explicación del fallo informático, baste decir dos cosas: existe verificación en todo ese proceso, pero aún asumiendo una equivocación generalizada, si es a favor, el afectado no se daría cuenta ya que pensaría que la asignatura la tiene suspensa. Si es en contra, es decir, le suspenden cuando debiera estar aprobado, se enteraría en el momento de solicitar su título y, quizá, costaría tiempo y sacrificio resolver el entuerto. Habría que remitirse a las actas en papel, exámenes o lo que proceda, pero en todo caso, un acto reclamatorio documentado.

La solicitud de título no se produce, generalmente, con tanto tiempo de retraso, quizá tarde en recogerse el documento acreditativo, pero la solicitud se habría hecho de forma casi inmediata a su finalización, pues sirve como acreditación y comprobación del expediente.

Volviendo al caso que nos ocupa parece que es la alumna la que se da cuenta de que está aprobada cuando alguien de la URJC le notifica tal circunstancia.

En definitiva, que tras el supuesto fallo informático lo que existe es un fallo humano, ¿casualidad?

Finalmente, ni la palabra de un rector, ni la de un catedrático o dos, o los que se consideren, son suficientes para acreditar nada, a lo sumo necesarias, pero lo que refrenda un hecho de esa naturaleza (administrativo) son documentos con sus fechas, firmas y con sus correspondientes registros de entrada y salida. ¿copió el Rector de la URJC? ¿por dónde anda?, ¿sigue cobrando del erario público?