Normalmente, se entiende por saltarse la ley su interpretación negativa, es decir, aquella que implica delinquir, no cumplir o no cumplir totalmente, las leyes o normas o principios.

De otra parte, cuando aparece en la prensa que determinados presidentes autonómicos, atemorizados por la proximidad del comienzo del curso escolar, claman para que exista una normativa de obligado cumplimiento aplicable para todo el territorio, parece obedecer a que siempre será más fácil echarle la culpa a otro si las normas que establece no funcionan.

Otros están en desacuerdo, si estas se realizan por mayoría (imposición) o simplemente porque interpretan que invaden competencias, aunque no hayan hecho nada al respecto.

Un último grupo de dirigentes se caracterizan por la inacción y por la simple oposición a lo que viene de fuera, pero no por una invasion de competencias.

En definitiva, la pregunta que surge es ¿en manos de quién estamos? De asustadizos, descerebrados, incompetentes o una combinación de todos ellos.

Otra pregunta importante, en tiempos de pandemia, es la capacidad no solo de trazar sino de averiguar el origen del brote. Es importante lo primero con el fin de advertir e intentar cortar la cadena de contagio, pero también es importante lo segundo porque sabemos cómo ha comenzado: reunión familiar, acontecimiento luctuoso, fiesta en hospital o residencia, botellón, discoteca, turista, etc.

En definitiva, uno puede esperar a lo dictado por las autoridades de orden superior (cumple la ley), pero puede que no hagan absolutamente nada, como parece. Al final estamos ante una cadena de inacción, por falta de ideas o incompetencia, por extravagancias, con, quizá, consecuencias catastróficas.

Esto me lleva al argumento expresado al principio, hay momentos en que uno debe saltarse la ley, tomar la iniciativa: siendo más restrictivo o más razonable o, simplemente, activo con fundamento. Existe el riesgo de fallar, aunque con mejores resultados que frente a la inacción, pero también el de acertar, sobre todo si se olvida del ensimismamiento característico del político rémora, viciado por su trayectoria trufada de mamandurrias.

Si esa reunión de presidentes y presidentas de autonomías la trasladamos a la CRUE, alguien dirá que no es comparable, pues está muy limitada en sus capacidades. Algo en lo que estoy plenamente de acuerdo, si en dicho club figuran miembros como D. José Luis Mendoza Pérez, que quizá no les suene de nada, pero es uno de los defensores de la teoría conspiranoica del «chis».

Otros podrían pensar que los niños pequeños, dado que no son adultos, tienen ciertas limitaciones cognitivas que serán superadas con la edad. Aunque también es cierto que la gran mayoría en la universidad es adulto (mayor de dieciocho), pero algunos adultos universitarios y no universitarios, en plena juventud y otros no tanto, son responsables del origen de rebrotes con su comportamiento incívico e insolidario y con la capacidad legal suficiente para sostener teorías conspiranoicas, el terraplanismo o asistir a manifestaciones como la acaecida recientemente en la plaza de Colón.

Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, tras la apresurada carrera por su apertura tras el confinamiento, no es una invasion vírica extraterrestre o extranjera, es consecuencia de la incompetencia de los políticos que la dirigen (también de alguna parte de la oposición, inútil e inactiva) y cómo no de la prevalencia del virus en la población (ni se ha dormido, ni ha desaparecido).

Hubo un tiempo para planificar, hacer y rectificar. Ahora estamos como el Barça (2-8) y con un futuro inmediato demoledor. Cuando nos volvamos a juntar todos tras el periodo vacacional retornaremos a la laboralidad y a la normalidad (ni nueva normalidad ni porras), que no será otra que la del mes de marzo ya conocida, no por el confinamiento, sino por la transmisión y sus consecuencias sobre la salud de la población y la economía. Aquí, en Madrid, ni siquiera se ha considerado la decisión de cambiar al entrenador.

Cuando en algo jerarquizado se produce un fracaso es por un error de diseño o por una cadena de incompetencia, ambas causas no son excluyentes.

Para concluir, deseo vehementemente equivocarme, pero aquello que no se cierre por decreto lo será por defunción (entendidos ambos en un sentido amplio) y ojalá de una vez por todas alguien se salte el principio de Peter.