Ha sido destacado en prensa varias veces, no las suficientes, y escasamente en los medios de comunicación audiovisuales, pero, a modo de resumen: hay serias dificultades para que el IMV llegue de forma efectiva a las familias que lo solicitan.

Las explicaciones son variopintas, pero hay dos que merecen destacarse: la falta de colaboración entre las administraciones (por intereses partidistas o por falta de medios materiales) y la escasez de tramitadores (funcionarios) en tiempos de pandemia.

Ambas confluyen en un tercer problema, más general y es la incapacidad de obtener los datos de forma telemática y transparente entre administraciones públicas, evitando que sea el solicitante el encargado conseguirlos en una ardua peregrinación por las diversas administraciones. Esto nos vuelve a destacar la brecha digital administrativa de este país, no solo por la falsa apariencia de digitalización (solo está la capa superior y, a veces, en qué condiciones), sino por la falta de intercomunicación eficaz entre los diferentes sistemas administrativos (estatal, autonómico y local). Uno puede usar lo que quiera, siempre y cuando facilite el acceso telemático a quien lo acredite y necesite (administración o ciudadano).

Hay reglamentación al respecto, pero también, como casi siempre, para exhibirla y sin obligación alguna sobre su cumplimiento.

Bien, imaginemos entonces una administración eficaz (supuestamente la burocracia se inventó para eso, pero justo sirve para lo contrario). Hecho el ejercicio de forma positiva, nos quedaría una segunda parte: exigirle al ciudadano que reclama dichas ayudas tanto capacidades tecnológicas (ordenador, tablet, movil y conexión a internet) como personales para iniciar, aportar la documentación, consultar la tramitación de su expediente, etc.

Seré breve en esta conclusión, si uno tiene interés en que las ayudas lleguen, lo primero que tiene que pensar son las condiciones en las que podría estar el posible receptor de las mismas.

De ahí que entremos en un tercer punto crítico y es la presencialidad de un funcionario que sea capaz de recoger la solicitud que debe realizar el sujeto demandante de la ayuda, pero en tiempos de pandemia la cosa se pone difícil si la administración está cerrada a cal y canto. Aunque a nadie se le ha ocurrido poner a militares a montar tenderetes y tramitar expedientes (será por falta de ordenadores).

Un caso similar ocurre en la supuesta enseñanza online y al nivel que sea, pero que incide mayormente en los pequeños.

Imaginemos nuevamente que todo el mundo tiene acceso a determinados recursos (ordenador, tableta, móvil, conexión a internet) cuando está en exclusión social o en riesgo inminente de estarlo (aunque se me antoja difícil), pero sobre todo imaginemos que dispone de tiempo «laboral» para controlar que sus hijos cumplen con las actividades regladas y reguladas por la escuela y en horarios establecidos (las madres Nacho Cano de este país, porque recaerá dicha tarea sobre el colectivo femenino mayormente). Esto nos lleva nuevamente a la presencialidad, pero en tiempos de pandemia implica sus riesgos, sobre todo si se cuenta con una cadena de irresponsables, incompetentes y procrastinadores en las más altas esferas de la administración.

En definitiva, el problema educativo se relaciona íntimamente con el problema laboral, con el de la supervivencia y con el sexismo.

¿Hay soluciones?: Sí, ¿baratas? Creo que también, pues se cifran en 400 millones de euros, pero sobre todo teniendo en cuenta aquello que aportan. ¿Cómo? No es el objeto de este artículo, pero solo insitiré en lo de siempre: si se quiere se puede, pero hay que quererlo o será el ¡que se jodan! fabraleño.

Cambiando de tema, pero sin alejarme de la educación. Hoy he leído la noticia de que la Generalitat implanta un plan piloto para la enseñanza del Islam en la escuela pública y como indican en el citado artículo de prensa:

…se ajusta a los dispuesto en el Acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que garantiza el ejercicio del derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros educativos públicos en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

Continuando con los ejercicios de imaginación, aunque ya le creo cansado por los esfuerzos anteriores, podría existir mayor número de profesores de religión, para atender a todos las confesiones, que de cualquier otra asignatura.

Para concluir, la escuela pública debe ser neutral (así como el Estado). ¿No sería más interesante reforzar las plantillas en estos tiempos de pandemia?

Si van a trabajar gratis, apliquemos el pensamiento económico: será porque algo sacan. Si no está de acuerdo con esta frase, quizá lo esté si se aplica a las relacionadas con Facebook y otras grandes compañías digitales.

Ya han sido objeto de un artículo anterior los posibles resultados nefastos de una cadena jerárquica de incompetentes a la hora de resolver un problema de salud pública como es el de la COVID-19.

Si la sanidad y la educación han sido objeto de recorte sistemático por parte de los gobiernos de M. Rajoy y de los tentáculos autonómicos PPeros. Tras la crisis financiera socializada, surge la crisis sanitaria, que además de mostrar con crudeza las consecuencias de esa política antisocial y económica, con esta segunda y prevista (aunque anticipada) ola se podrá alcanzar el fin neoliberal anhelado: reventar la precaria sanidad pública remanente, pero sin la posibilidad de encauzar la situación recurriendo a la privada. Aunque puestos a analizar esta mala leche liberal (recuerden el famoso ¡que se jodan! fabraleño) quizá lo pretendido sea una inmunidad de rebaño, por fuerza bruta, en el caso de los sectores sociales desfavorecidos y una inmunidad exprés para los ricos (acceso a vacunas) y a estancias hospitalarias costosas en la sanidad privada, solo al alcance de privilegiados.

Machacar más a los profesionales sanitarios no entra en sus previsiones, pues quizá imaginen ilusoriamente que los sanitarios de la privada, no son, en buena parte, trabajadores de la pública o extrabajadores con ánimo de continuar su carrera. Vaya, en términos deportivos, ¡hay banquillo!

Extenuación y bajas laborales son dos resultados letales para la población que necesitará sus servicios sanitarios.

En diferentes artículos de prensa, los expertos coinciden en que existen ciertos factores comunes en el surgimiento de esta nueva ola: en primer lugar una rápida y apresurada desescalada; un segundo achacable a las características de nuestra población; un tercero relacionado con las condiciones climáticas benignas (verano) y un cuarto y último referido a los diversos incumplimientos realizados por diversos grupos de ciudadanos.

Como soluciones paliativas a la proliferación y control de los brotes proponen: existencia de una trazabilidad real y efectiva, tanto por número de trabajadores como por medios de diagnóstico eficaces y masivos. Otro elemento importante es conocer el origen de los mismos para determinar sus causas y, finalmente, el cumplimiento efectivo de las medidas de aislamiento.

Los dos primeros factores dependen claramente de los gobiernos autonómicos, pues tienen transferida la sanidad y el tercero y último parece ser responsabilidad principal de la ciudadanía y dada la imprevisión e irresponsabilidad con respecto a los dos anteriores, se trata, errónea e intencionadamente, de atribuir todos los males a dicho comportamiento incívico.

Sin negar la existencia de dichos comportamientos insolidarios, incívicos y negacionistas sobre el virus tienen poca repercusión sobre el infractor (véanse las manifestaciones del barrio de Salamanca o la más reciente de Colón), pero no ocurre lo mismo sobre otros infractores de sectores desfavorecidos.

A estos últimos puede sancionárseles, pero dada su precariedad socioeconómica dudo que sirva de mucho y su confinamiento tampoco, pues en múltiples casos resulta imposible su cumplimiento por carencia de recursos y medios, así como el uso de medidas preventivas. No todo el mundo puede abordar económicamente, ni tampoco es su prioridad la salud suya, de los suyos y de terceros cuando el objetivo principal es llevarse algo a la boca. Ya lo dice el refranero español, a perro flaco todo son pulgas y, resumiendo lo dicho anteriormente, el impacto de la COVID-19 incide de forma brutal y diferenciada en las clases desfavorecidas y eso debería preocupar y la forma de resolverlo también.

Por tanto, disponer de medios eficaces de aislamiento no significa crear normativa e implementar medidas punitivas. Y ya que está de moda, cerrar prostíbulos puede ser una opción, pero que las prostitutas dejen de comer y respirar no. Cualquier solución a un desahucio económico implica dar una solución completa. Se han prohibido muchas cosas, fomentando mercados ilegales y condiciones de explotación más extremas. Y que conste que no estoy defendiendo la prostitución. Estoy justificando la existencia de soluciones complejas para problemas complejos como son las cuestiones de salud pública y economía.

Hay que adoptar planes socio-sanitarios y económicamente costosos para esos esbirros del neoliberalismo (bajo el que subyace un darwinismo social mal interpretado y pervertido) y que no proceden, pues es malgastar el dinero en escoria social.

Así, queda claro que las condiciones de precariedad socioeconómica determinan tanto la probabilidad de contraer la enfermedad como la salida de la misma, así como la capacidad de contagio. Si esto no le entra en la cabeza a ningún dirigente, y abundan acéfalos en política, la solución va para largo si es que existe.

Como ya he indicado anteriormente, otra de los sectores perjudicados por esta pandemia es la educación, no solo por los recortes citados sino también por las consecuencias para los alumnos, los educadores y para la sociedad en general.

Otro año más en blanco para los estudiantes de cualquier nivel es una tragedia e incide mayormente en las edades tempranas (educación de cero a tres años, no gratuita en muchos lugares de España).

Incide también en los docentes expuestos a ser contaminados, de manera no intencionada por sus alumnos, compañeros o los viajeros del transporte público, etc. y, precisamente Madrid es la antítesis del transporte público en estos momentos.

Otro de los elementos es que la simple asistencia a la escuela condiciona la vida laboral de muchas familias y en especial de las desfavorecidas económicamente y las monoparentales, así como, del desarrollo profesional de muchas mujeres.

En el caso de los alumnos de enseñanza superior se favorecerá, con el inicio presencial y posterior y apresurada formación en línea a la ya conocida huida para evitar incurrir en gastos innecesarios cuando se declare la no presencialidad, que, además de contribuir a la posible diseminación de la enfermedad dado que, como en el caso de Madrid, es zona de alto riesgo y transmisión, servirá para extenderla por toda el área sanitaria, o es que se va a excluir a los alumnos de Carabanchel, Usera y Vallecas…

En fin, que por parte de los políticos no hay planificación alguna y las autoridades académicas están a la espera de lo que otros decidan.

La presencialidad en el instituto, pero sobre todo en la escuela es fundamental, con el fin de socializar y jugar en un entorno de iguales y aprender cosas… como religión.

En el entorno universitario también es importante la presencialidad por diversos motivos, al igual que en el caso anterior, pero no es una dicotomía entre lo presencial y lo en línea. Si lo presencial tiene sus ventajas, lo virtual no es todo defectos. Expondré el caso de que un concepto bien explicado en formato virtual vale más que la explicación de mil ineptos de forma presencial.

Para concluir, si ya estaba prevista una ola en el otoño, parece que habrá una intermedia, igual o peor que enlazará con la prevista y que nos zambulle en un horizonte de incertidumbre con las clases desfavorecidas expuestas a la intemperie de la COVID-19: que se inmunicen por fuerza bruta, que vuelvan a morir ancianos en residencias, a colapsar el sistema sanitario… mientras una caterva de politicos viajando a todo trapo en coches oficiales o cumpliendo su aislamiento en suites de hoteles de lujo y a un supuesto precio de ganga. Si los empresarios son tan buenos y están socialmente preocupados ni entrarían en las tramas de corrupción y estarían dispuestos a arrimar el hombro y hay muchas formas de hacerlo, pero la realidad demuestra lo contrario, los protocolos, de existir, se aplican de aquella manera.

Normalmente, se entiende por saltarse la ley su interpretación negativa, es decir, aquella que implica delinquir, no cumplir o no cumplir totalmente, las leyes o normas o principios.

De otra parte, cuando aparece en la prensa que determinados presidentes autonómicos, atemorizados por la proximidad del comienzo del curso escolar, claman para que exista una normativa de obligado cumplimiento aplicable para todo el territorio, parece obedecer a que siempre será más fácil echarle la culpa a otro si las normas que establece no funcionan.

Otros están en desacuerdo, si estas se realizan por mayoría (imposición) o simplemente porque interpretan que invaden competencias, aunque no hayan hecho nada al respecto.

Un último grupo de dirigentes se caracterizan por la inacción y por la simple oposición a lo que viene de fuera, pero no por una invasion de competencias.

En definitiva, la pregunta que surge es ¿en manos de quién estamos? De asustadizos, descerebrados, incompetentes o una combinación de todos ellos.

Otra pregunta importante, en tiempos de pandemia, es la capacidad no solo de trazar sino de averiguar el origen del brote. Es importante lo primero con el fin de advertir e intentar cortar la cadena de contagio, pero también es importante lo segundo porque sabemos cómo ha comenzado: reunión familiar, acontecimiento luctuoso, fiesta en hospital o residencia, botellón, discoteca, turista, etc.

En definitiva, uno puede esperar a lo dictado por las autoridades de orden superior (cumple la ley), pero puede que no hagan absolutamente nada, como parece. Al final estamos ante una cadena de inacción, por falta de ideas o incompetencia, por extravagancias, con, quizá, consecuencias catastróficas.

Esto me lleva al argumento expresado al principio, hay momentos en que uno debe saltarse la ley, tomar la iniciativa: siendo más restrictivo o más razonable o, simplemente, activo con fundamento. Existe el riesgo de fallar, aunque con mejores resultados que frente a la inacción, pero también el de acertar, sobre todo si se olvida del ensimismamiento característico del político rémora, viciado por su trayectoria trufada de mamandurrias.

Si esa reunión de presidentes y presidentas de autonomías la trasladamos a la CRUE, alguien dirá que no es comparable, pues está muy limitada en sus capacidades. Algo en lo que estoy plenamente de acuerdo, si en dicho club figuran miembros como D. José Luis Mendoza Pérez, que quizá no les suene de nada, pero es uno de los defensores de la teoría conspiranoica del «chis».

Otros podrían pensar que los niños pequeños, dado que no son adultos, tienen ciertas limitaciones cognitivas que serán superadas con la edad. Aunque también es cierto que la gran mayoría en la universidad es adulto (mayor de dieciocho), pero algunos adultos universitarios y no universitarios, en plena juventud y otros no tanto, son responsables del origen de rebrotes con su comportamiento incívico e insolidario y con la capacidad legal suficiente para sostener teorías conspiranoicas, el terraplanismo o asistir a manifestaciones como la acaecida recientemente en la plaza de Colón.

Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, tras la apresurada carrera por su apertura tras el confinamiento, no es una invasion vírica extraterrestre o extranjera, es consecuencia de la incompetencia de los políticos que la dirigen (también de alguna parte de la oposición, inútil e inactiva) y cómo no de la prevalencia del virus en la población (ni se ha dormido, ni ha desaparecido).

Hubo un tiempo para planificar, hacer y rectificar. Ahora estamos como el Barça (2-8) y con un futuro inmediato demoledor. Cuando nos volvamos a juntar todos tras el periodo vacacional retornaremos a la laboralidad y a la normalidad (ni nueva normalidad ni porras), que no será otra que la del mes de marzo ya conocida, no por el confinamiento, sino por la transmisión y sus consecuencias sobre la salud de la población y la economía. Aquí, en Madrid, ni siquiera se ha considerado la decisión de cambiar al entrenador.

Cuando en algo jerarquizado se produce un fracaso es por un error de diseño o por una cadena de incompetencia, ambas causas no son excluyentes.

Para concluir, deseo vehementemente equivocarme, pero aquello que no se cierre por decreto lo será por defunción (entendidos ambos en un sentido amplio) y ojalá de una vez por todas alguien se salte el principio de Peter.

Como bien sabrán ustedes está dilucidándose sobre si el rey emérito es susceptible de ser juzgado en España por ciertos presuntos delitos económicos, fraude fiscal, etc. entre otros.

Lo cual invalida, al contrario de lo que pretenden ciertos monárquicos, conversos y alguna ministra magistrada, la presunción de inocencia. Lo que realmente se dirime, como indico en el primer párrafo, es su condición de inviolabilidad. Es su irresponsabilidad la que está sometida a dictamen. Por tanto, si es, o no, un ciudadano (juzgable), no la presunción de inocencia.

Tratándose de un personaje de mucha y real envergadura, está en su mano renunciar a dichos privilegios y someterse a las mismas condiciones que sus amados súbditos, a los tribunales de este país. Aunque por ser quien es, serían las más altas instancias, las encargadas de su proceso judicial. Lo cual me trae a la cabeza el famoso proverbio español que dice: los trapos sucios se lavan en casa.

¿Cree, seriamente, alguno de los lectores, que aquellos que han comido a su mesa de forma particular o protocolaria, aquellos que loaron y adularon al protagonista de la celebración del año judicial serán capaces de juzgarle con imparcialidad?

No solo parece existir una defensa a ultranza y desnortada, mediática e institucional, (aunque hay excepciones) de una institución anacrónica, poco transparente, rodeada de privilegios y representada por alguien no ejemplar: sus aventuras sexuales extramatrimoniales, prolongadas en el espacio y tiempo, los corruptos de su círculo laboral e íntimo, por citar algunos, pasan a un sexto plano. Si hubiera que defender una institución debería distinguirse claramente de su representante circunstancial. En palabras de Sr. Zapatero, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste.

No voy a entrar ni en el análisis del escrito de la Casa Real ni a valorar el abandono de su amada España, ya lo han hecho otros y de manera prolija, pero, si es cierto lo que afirma El Confidencial, que su destino pérsico anula cualquier extradición al país helvético, puedo concluir que, además de una conjunción astral encaminada a defender lo indefendible y que no se da puntada sin hilo, la presunta inocencia se torna culpabilidad: un campechano va de frente y a calzón quitado.

Por su inviolabilidad e irresponsabilidad, por el desinterés y por la incapacidad de juzgarle por parte de las instituciones democráticas españolas, tampoco deberían sacar los trapos sucios los tribunales extranjeros (la cantidad de trapos y el tipo de suciedad podría reconocerse en terceros) y no vaya a ser que deje cerco o resulte indeleble.

El que nos saquen los colores es irrelevante para el país, pues tanto el TJUE como el TPI e incluso la propia ONU ya lo han hecho en numerosas y vergonzosas ocasiones, incluso de nuestra reciente historia democrática, pero no para el que escribe.

Las leyes y su interpretación se manifiestan de forma escrita, en los diferentes códigos y sentencias judiciales. Son, por tanto, medios escritos con ausencia de movimiento a excepción de aquel necesario para escribirlas.

En el debate parlamentario prima también el discurso en forma de audio y su consolidación escrita como transcripciones de lo dicho.

En las reuniones de alto nivel: negociando acuerdos entre países, partidos, etc. también prepondera lo escrito y como mucho unas fotos del acontecimiento, tanto al inicio y como al final del evento.

En definitiva, la imagen que prepondera, de haberla, es estática en forma de fotografía, por lo que si uno se mueve corre dos riesgos: quedar fuera, salir borroso e irreconocible o todas a la vez.

La presbicia es un mal de la vista fruto de la edad y por la rigidez del cristalino que impide la correcta visión de los objetos cercanos y en concreto dificulta la lectura, puede corregirse por diversos métodos.

El estrabismo es otra enfermedad ocular que trae como consecuencia la incapacidad de ver con profundidad o en tres dimensiones y puede ocasionar diplopia.

Un partido político naranja «el partido» parece haber alcanzado la madurez y, por tanto, comienza con ciertos problemas de presbicia que sumados a su estrabismo con la diplopia asociada (doble visión, que provoca bandazos) ha querido corregir ambos males con unas gafas especialmente diseñadas, unas que le han permitido ver españoles (no sé si españolas) gesticulando, pero de lo que no se han percatado, pues no eran las adecuadas, es que no eran jaleos, eran collejas por no ver bien y demostrar una nula coherencia:

Piden mociones de censura instrumentales, con el fin de convocar elecciones y que hable el pueblo de forma directa y la hipocresía política se evidencia en lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. La sentencia de la Gürtel manifiesta de forma clara una condena civil, a título lucrativo, al PP y las prácticas que se estaban juzgando ocurrieron en dos ayuntamientos de dicha comunidad: Pozuelo y Boadilla.

Aguado y «el partido» tuvieron la posibilidad de aceptar la moción de censura o provocar una convocatoria electoral. Esta última posibilidad sigue vigente y dispone de la capacidad para promoverlo, pero como indicaba anteriormente hipocresía no es solo hacer lo contrario de lo predicado, es hacerlo de una manera falsa, ocultando los intereses, que en este caso no son otros que los puramente de partido y electorales.