Recientemente han aparecido dos noticias en la prensa. Ambas relacionadas con los derechos humanos y con las fuerzas de inseguridad del estado.

En un caso en la Pérfida Albión, que detenta la presidencia europea y en la que se anuncia a bombo y platillo que existirán daños colaterales en la población civil (la mayoría, vaticino, será en gentes de origen humilde y emigrante), pues, tras una especie de psicosis policial, alguien del gobierno, iluminado por una bombilla de luz negra, ha dado la orden de que primero se dispare y luego se pregunte. Como consecuencia de ello se ha producido la ejecución de un emigrante brasileño: José Carlos de Menezes. Un lacónico !lo siento!, ha sido la reacción del gobierno londinense, como si la cosa no fuera con ellos. Los monstruosos atentados del siete de julio justifican cualquier tipo de actuación, conculcando cualquier derecho internacional y cualquier ética, mínimamente racional.

Por si no fuera poco, en nuestro país, en Roquetas de Mar, y, quizá, por discípulos del terrorífico Galindo, se apaleó a un agricultor, Juan Martínez Galdeano; maniatado y con armas no reglamentarias, hasta causarle la muerte.

No parece normal que un ciudadano, ebrio o no, que entre en un cuartel de la Guardia Civil o Comisaría, salga con los pies por delante y deformado por los golpes recibidos por un número (nueve) de la Benemérita.

Parece que la fiebre británica se extiende por la península, esperemos que sea pasajera. Humildemente, creo que el gobierno debe replantearse hacer test psicológicos periódicos a todos los guardias civiles o al menos a los profesores de las academias militares, pues esto se aprende o ¿para qué se disponía de porras no relgamentarias en un cuartel de la guardia civil?