Hoy aparece publicado en eldiario.es un artículo con fragmentos de una entrevista efectuada al presidente de la CRUE.

¡Ya era hora de que alguien representativo de las Universidades dijese algo! Parece que no fuera con ninguna de ellas, a excepción de la afectada. Costó también lo suyo con el caso del catedrático Suárez de la URJC.

Lo lamentable de estas declaraciones es el trasfondo que subyace: corporativismo, ausencia de autocrítica y anumerismo espantoso: presuma usted de su ignorancia matemática, da lo mismo uno que un ciento. Veámoslo:

…la URJC debería haber esperado un poquito más a la hora de salir públicamente a avalar el máster obtenido por la presidenta de Madrid…

Pues creo que no. Lo que debiera haberse hecho es presentar todos aquellos documentos que acrediten sus afirmaciones o abrir una investigación externa (será tratado posteriormente). Las internas ya se sabe cómo funcionan (me remito al caso del catedrático Suárez).

Javier Ramos está haciendo todo lo que debe hacer.

Vistos los antecedentes, no sé lo que significa debe, pues ha transcurrido tiempo suficiente para fabricar y calificar, al menos, un par de TFM. A veces la rapidez implica claridad.

Las equivocaciones a la hora de traspasar las calificaciones son «normales» en un contexto de 76 universidades «miles de notas y miles de profesores» pero que, en todo caso, lo crucial es que se «subsane mediante el mecanismo institucional pertinente».

Bien. ¿Ratio de equivocaciones?, ¿sabrán las reclamaciones efectuadas, incluso las de dos años después?, ¿cuáles son dichos mecanismos pertinentes?, ¿es frecuente equivocarse dos veces con la misma alumna y por dos profesores diferentes?

De otra parte, se deduce que a la hora de transcribir las actas y para eliminar fallos debieran abordarse varias estrategias: reducir universidades (no sé en qué afecta), reducir profesores (conduce a aumentar la probabilidad de error por exceso de trabajo) o lo que parece más coherente, disminuir el número de calificaciones bien por aprobado o suspenso general, bien por reducir el número de alumnos. En cualquier caso una barbaridad que imagino que no comparte.

Lo que sí es relevante es que ni este Rector, jefe de la CRUE, ni el de la URJC parecen dispuestos a asumir la no existencia de mecanismos de control efectivos para minimizar y reducir los fallos de transcripción y de existir estos parece que no funcionan ni con la eficacia y eficiencia esperadas en la era digital.

Resulta desproporcionado e inverosímil que un periodista tenga acceso a cierta documentación como los whatsapp de un individuo de hace dos años y la Universidad no encuentre nada que acredite un hecho de magnífica importancia en 10 minutos, atendiendo, al menos al gasto en nuevas tecnologías. Se pueden fulminar 80.000€ o más en un software para detectar plagios, pero poco o nada en digitalizar y evitar el fraude en los trabajos fin de grado, máster o tesis doctoral. También en las calificaciones.

Mientras escribía este artículo acaba de aparecer otro en el que se demanda a la CRUE, por parte de la URJC, un inspector externo. Solo espero que no sea uno de las equivalentes a S&P o Moody’s.

En verdad, expongan las vergüenzas. Reconocer los errores es de sabios, ¿no? ¿Y ustedes lo son, o se lo arrogan?

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino de España a indemnizar a dos jóvenes catalanes que quemaron una foto del ciudadano Juan Carlos.

Seguidamente PP, PSOE y C’s rechazaron, en el Congreso de los Diputados una iniciativa para despenalizar las injurias a La Corona, cuando de lógica y como firmantes del tratado de la UE y del reconocimiento de los derechos humanos y de dicho tribunal, debería ser de aplicación inmediata su jurisprudencia.

De otra parte resultaron no sólo ofensivas, podrían calificarse incluso de delitos de odio las declaraciones del diputado Hernando sobre las fosas de la guerra civil y que me permito transcribir:

Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

Quizá algunos y algunas se acordaron de su madre y sus muertos cuando verbalizó dicho pensamiento.

No es el que cobran de media los bancos al ciudadano por sus préstamos al consumo.

Aquí me refiero al concepto de velar por el bienestar de un país en un sentido muy amplio.

Tras lo sucedido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y en ciernes de la aprobación de los presupuestos generales del estado para el 2018, se confirma que todos los partidos, pero sobre todo, Ciudadanos, la nueva fachada, esclava de los poderes económicos que la crearon, que, además de usurpar un nombre que va más allá del naranja, presume de ser la llave de gobierno y el azote de la corrupción tanto en el Congreso de los Diputados como en el parlamento de la Comunidad de Madrid sigue anteponiendo sus intereses partidistas (calculadora electoral) a la ética política y social.

La política en su caso no se mide por la capacidad de pactar, se calcula por su capacidad de tragar, cual ballena o tiburón tigre y su mutabilidad.

Me recuerda, también, al agónico proceso de la muerte del dictador Franco. En este caso, el sostenimiento de dos gobiernos zombies que están provocando un destrozo institucional y social, así como unas consecuencias desastrosas para la democracia de las cuales son corresponsables.

Somos la cuarta economía europea, pero compitiendo con Polonia por el primer puesto en retroceso democrático.

Con motivo de las recientes encarcelaciones de líderes catalanes, de Puigdemont en particular y de la huida de otros, seguimos en un déjà vu eterno.

No voy a insistir en la torpeza generalizada que ya relaté en otro artículo anterior, pero sí en la terquedad o enrocamiento de líderes políticos catalanistas y en la desidia y parálisis del gobierno de M. Rajoy. Todos ellos, cadáveres políticos. Unos negándose a reconocer lo obvio, que las aventuras conllevan costes y responsabilidades que deben asumirse y los otros judicializando la política y politizando la judicatura.

En resumen, el haber llegado a esta situación es una corresponsabilidad, pero seguir así es una irresponsabilidad política y social.

No sé ni cuál es la mejor solución ni si acabará este desgraciado y cíclico episodio, pero lo que sí queda claro es que no está en las manos de dichos políticos. Aunque sí hay un último servicio que todos ellos nos pueden hacer. De una parte, asumir de forma colectiva (ya que nadie quiere de forma unipersonal) el engaño y fraude social cometido y de la otra, puesto que ni están ni se les espera, irse, pues lo único que transmiten es la no necesidad de un gobierno (por inútil e incluso contraproducente) y el cuestionamiento institucional generalizado por su mala praxis y utilización interesada y torticera de las mismas.