Sigue el partido popular envuelto en la corrupción. Aparecen nuevos cargos implicados en los casos ya conocidos: Púnica, Gürtel, etc.
Están muy tranquilos, así lo manifiestan algunos de sus líderes, porque son casos viejos, no hay ninguno nuevo.
Realmente, dicho razonamiento es una desfachatez propia de políticos descarados y farsantes o con una capacidad de raciocinio dudosa, a la altura, como máximo, de la estulticia.
Por el contrario, del hecho de que sigan apareciendo dirigentes del PP, altos cargos del partido, vinculados a casos de corrupción antiguos se deduce:
- De forma directa, el vasto grado de podredumbre existente en el Partido Popular. Un cáncer de dimensiones colosales.
- Y de forma indirecta; visto el posicionamiento en la estructura del partido de los imputados, resulta imposible creer que los que figuran por encima en el organigrama -por cierto, bien pocos- estuviesen instalados en la ignorancia o, en el peor de los casos, no fuesen partícipes de tales prácticas, como destinatarios, como repartidores, o de ambas.
Al contrario que cuando la justicia es impartida a clases medias y bajas, resulta difícil demostrar todos los hechos y cuantificar el desmán, pues quienes participan de la corrupción cuentan con un montón de posibilidades para proceder a la ocultación de la misma. Baste con decir que desde el poder y utilizando sólo algunos de los mecanismos que este provee, es más fácil entorpecer, retrasar la aparición de informaciones o destruir pruebas de forma intencionada.
Asumidos los casos de expolio a la ciudadanía, pillaje de las arcas públicas, y robo institucionalizado, hay dos reflexiones adicionales que quiero compartir con el lector:
El fraude fiscal inherente a este tipo de comportamientos, pues hablamos de cajas B y, de otra parte, el promovido por este montón de ladrones institucionales, confesos o no, condenados o no, que se enorgullecen de dichas prácticas y como fin último disponen amnistias fiscales y aprueban indultos. Y, para terminar, manifiestan a través de los medios de comunicación y a los cuatro vientos… su dolor, sufrimiento e indignación, pues han sido condenados injustamente, es decir, que son inocentes.
Es cierto también, que las medidas o cuidados se relajan cuando el corrupto, tras la reiterada práctica y sin que le hayan descubierto, comience a creerse en una primera fase, impune y en la final, piense que esa es la forma natural de trabajar y, por tanto, que esa manera de proceder con agilidad y dinamismo no constituye una ilegalidad.
Cuando además, amparando al corruptor, son las altas instituciones del estado las que afirman y espetan que no somos todos iguales ante la ley y que no todos somos Hacienda. Afirmaciones ambas ciertas, acorde con la realidad descrita y, por tanto, contrarias a derecho, resulta increíble que, teniendo como misión la defensa de los intereses públicos -de todos- y obedeciendo únicamente a intereses espúreos, pueda decirlas un trabajador público y no le acarree ninguna consecuencia.
A estas alturas, y como cierre, le solicito al lector dos nuevas reflexiones: la primera sobre la pregunta formulada en el título del artículo y, la segunda, si necesita más argumentos para no votarles.
