Ayer, el líder de C’s expuso, en rueda de prensa,  las condiciones esenciales  para comenzar a negociar con el PP (¿no lo llevan haciendo desde ni se sabe?), y este último, a través del Sr. Maroto, ya había manifestado su deseo de negociar sobre cualquier tema sin tabúes.

Además de calificarlas como obviedades, pues las lleva reclamando la ciudadanía desde hace años, provocó una atención mediática inmerecida para tan obvio y minúsculo contenido. Ahora bien, ya sabemos las RiverA. Veremos que ocurre con las inconfesables RiverB.

De otra parte, teniendo en cuenta las ansias de gobernar del partido corrupto más votado, creo que debe alertarnos ese percebismo butaqueril, no sé si a cambio de algo: ¿la BarberA de Valencia?

Me inclino más a pensar que, ajenos a su fetidez, la que exhalan los anósmicos dirigentes del PP, se limitará a una cuestión cosmética: echarnos litros de colonia Ciudadana (a base de aceite esencial de naranja amarga), para anular nuestros sentidos y así disimular su pestilencia y putrefacción.

Extraído de la Wikipedia: la corteza de naranja amarga, por su característico olor y sabor (amargo-aromático), constituye uno de los mejores correctores organolépticos, para enmascarar los olores y sabores desagradables de otras drogas.

Este artículo podría haberse titulado de muchas maneras: la costra de la casta, ante todo la pasta, cobrar por existir, etc.

Pasadas las elecciones del 26 de junio de 2016 tanto los diputados como los senadores electos comenzarán a cobrar su salario desde el lunes 27: recogerán (recogen) las actas el cuatro de julio y se constituirán las cortes el 19, dicho de otra manera y en román paladino:

Si usted firma un contrato laboral con la administración pública o con una empresa privada comienza a cobrar su salario desde el mismo día que se incorpora a su puesto de trabajo.

¿Debería ser un derecho laboral a conquistar?

Recientemente, el señor Francisco González, director del BBVA, afirmó en un foro económico  que:

… los intereses negativos nos están matando…

• ¿Se supone que su negocio bancario entra en crisis porque nos van a pagar por dar hipotecas? Si no las dan, o las dan a los amiguetes de siempre, independientemente de que las puedan pagar o no, pues al final serán resueltas por copago insolidario y popular obligatorio.
• ¿Se supone que los consejos austericidas propugnados por los grandes gurús (equipos económicos o iluminados de turno) no iban a tener repercusión alguna? Como principio fundamental del capitalismo está la ley de la oferta y la demanda, pero sobre todo debríamos pensar en que para demandar hay que tener posibles y esto no es viable en un país en el que sus dirigentes, junto con las clases elitistas han dinamitado el mercado laboral, no sólo en lo que respecta a salarios, hay que hablar también de la precarización y de las trampas que la ley permite realizar a los empresarios.

Nos hablan de orden frente al caos. Nos asustan con miedos, nos creen convencer de que vivimos en una sociedad que se rige por principios básicos (reduccionistas) falsos, etc.

Sin ahondar más en la cuestión, está claro que economia no es ciencia, por mucho que quiera disfrazársela de ello, pero sí puede provocar consecuencias graves para un sector concreto de la sociedad: siempre pagan los mismos, aquellos (ciudadanos de a pie) que ni ostentan o detentan el poder y que son susceptibles de apoquinar por las tropelías de sus gobernantes y poderes económicos.

Para concluir, y de ser cierta dicha afirmación realizada por el ilustre Francisco González… ¡dejémosles morir! Y, siendo piadosos, que no agonicen.

Según la definición de la RAE terrorismo significa:

Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.

Cuando la banda criminal es el estado, entonces podemos hablar de terrorismo de estado.

Si analizamos ahora actuación criminal coincidimos con la RAE en que es aquella que constituye un delito grave o aquella perpetrada con intención de matar o herir a alguien.

Resumiendo, terrorismo de estado es un delito grave llevado a cabo por cualquiera de las instituciones que constituyen el estado.

La organización terrorista ETA, desde la muerte del dictador Francisco Franco y hasta el anuncio del cese definitivo de la violencia provocó 829 víctimas mortales.

De otra parte, desde diversos orígenes: comenzando por la declaración de derechos humanos y terminando por el código de circulación, se reconoce tanto el derecho de auxilio como la obligación de prestarlo. Pues bien, han fallecido más de 4.000 refugiados ahogados en las aguas del Mediterráneo a lo largo de 2015.

Dichas muertes reiteradas: omisiones de auxilio y refugio, amparados, aunque haya que retorcer la ley, desde las más altas instituciones europeas o tratando de esconderlos debajo de la alfombra roja turca a las puertas de Europa, son constitutivas de un delito grave, bien por las consecuencias trágicas bien por su elevado número de víctimas.

Por si aún no pareciera convincente la argumentación, si añadimos declaraciones tipo que no todo lo que viene es trigo limpio y otras lindeces, generamos alarma social y dado que tratan de vendernos desde un punto de vista político sus grandes logros referentes a la seguridad ciudadana, el cóctel semántico está completo. Ya podemos calificar como terrorismo de estado actuaciones que se definen como defensa de los valores democráticos y constitucionales europeos.

Si ya nos vamos a hechos concretos de nuestro país en los que priman los intereses de terceros frente a los públicos o de auxilio: lanzamientos, tasas de pobreza, recortes en sanidad y educación, en definitiva recortes en derechos fundamentales y en algunos casos con consecuencias graves como los casos de enfermos de hepatitis C, enfermos de cáncer, enfermos crónicos graves y no graves con limitado acceso a las prestaciones básicas o sin acceso por carencia de recursos, subida del IVA, copago farmacéutico y ocultación de los índices de contaminación.

Si analizamos la reforma laboral, paso previo a la legalización de la esclavitud, las declaraciones del presidente de la CEOE, el incumplimiento del programa y otras actuaciones vemos que por reiteración constituyen delitos graves, en algunos casos por el profundo calado de las reformas en otro por afectar a muchos, aunque sea sólo un poquito.

Y  si a esto le sumamos el monopolio en el ejercicio de la violencia y ley de seguridad ciudadana más cerca de la ley de peligrosidad social franquista que de la democracia, también puede calificarse como terrorismo de estado autóctono.

¿Aún necesitas más razones para no votarles?

Sigue el partido popular envuelto en la corrupción. Aparecen nuevos cargos implicados en los casos ya conocidos: Púnica, Gürtel, etc.

Están muy tranquilos, así lo manifiestan algunos de sus líderes, porque son casos viejos, no hay ninguno nuevo.

Realmente, dicho razonamiento es una desfachatez propia de políticos descarados y farsantes o con una capacidad de raciocinio dudosa, a la altura, como máximo, de la estulticia.

Por el contrario, del hecho de que sigan apareciendo dirigentes del PP, altos cargos del partido, vinculados a casos de corrupción antiguos se deduce:

1. De forma directa, el vasto grado de podredumbre existente en el Partido Popular. Un cáncer de dimensiones colosales.
2. Y de forma indirecta; visto el posicionamiento en la estructura del partido de los imputados, resulta imposible creer que los que figuran por encima en el organigrama -por cierto, bien pocos- estuviesen instalados en la ignorancia o, en el peor de los casos, no fuesen partícipes de tales prácticas, como destinatarios, como repartidores, o de ambas.

Al contrario que cuando la justicia es impartida a clases medias y bajas, resulta difícil demostrar todos los hechos y cuantificar el desmán, pues quienes participan de la corrupción cuentan con un montón de posibilidades para proceder a la ocultación de la misma. Baste con decir que desde el poder y utilizando sólo algunos de los mecanismos que este provee, es más fácil entorpecer, retrasar la aparición de informaciones o destruir pruebas de forma intencionada.

Asumidos los casos de expolio a la ciudadanía, pillaje de las arcas públicas, y robo institucionalizado, hay dos reflexiones adicionales que quiero compartir con el lector:

El fraude fiscal inherente a este tipo de comportamientos, pues hablamos de cajas B y, de otra parte, el promovido por este montón de ladrones institucionales, confesos o no, condenados o no, que se enorgullecen de dichas prácticas y como fin último disponen amnistias fiscales y aprueban indultos. Y, para terminar, manifiestan a través de los medios de comunicación y a los cuatro vientos… su dolor, sufrimiento e indignación, pues han sido condenados injustamente, es decir, que son inocentes.

Es cierto también, que las medidas o cuidados se relajan cuando el corrupto, tras la reiterada práctica y sin que le hayan descubierto, comience a creerse en una primera fase, impune y en la final, piense que esa es la forma natural de trabajar y, por tanto, que esa manera de proceder con agilidad y dinamismo no constituye una ilegalidad.

Cuando además, amparando al corruptor, son las altas instituciones del estado las que afirman y espetan que no somos todos iguales ante la ley y que no todos somos Hacienda. Afirmaciones ambas ciertas, acorde con la realidad descrita y, por tanto, contrarias a derecho, resulta increíble que, teniendo como misión la defensa de los intereses públicos -de todos- y obedeciendo únicamente a intereses espúreos, pueda decirlas un trabajador público y no le acarree ninguna consecuencia.

A estas alturas, y como cierre, le solicito al lector dos nuevas reflexiones: la primera sobre la pregunta formulada en el título del artículo y, la segunda, si necesita más argumentos para no votarles.