Sigue el partido popular envuelto en la corrupción. Aparecen nuevos cargos implicados en los casos ya conocidos: Púnica, Gürtel, etc.

Están muy tranquilos, así lo manifiestan algunos de sus líderes, porque son casos viejos, no hay ninguno nuevo.

Realmente, dicho razonamiento es una desfachatez propia de políticos descarados y farsantes o con una capacidad de raciocinio dudosa, a la altura, como máximo, de la estulticia.

Por el contrario, del hecho de que sigan apareciendo dirigentes del PP, altos cargos del partido, vinculados a casos de corrupción antiguos se deduce:

1. De forma directa, el vasto grado de podredumbre existente en el Partido Popular. Un cáncer de dimensiones colosales.
2. Y de forma indirecta; visto el posicionamiento en la estructura del partido de los imputados, resulta imposible creer que los que figuran por encima en el organigrama -por cierto, bien pocos- estuviesen instalados en la ignorancia o, en el peor de los casos, no fuesen partícipes de tales prácticas, como destinatarios, como repartidores, o de ambas.

Al contrario que cuando la justicia es impartida a clases medias y bajas, resulta difícil demostrar todos los hechos y cuantificar el desmán, pues quienes participan de la corrupción cuentan con un montón de posibilidades para proceder a la ocultación de la misma. Baste con decir que desde el poder y utilizando sólo algunos de los mecanismos que este provee, es más fácil entorpecer, retrasar la aparición de informaciones o destruir pruebas de forma intencionada.

Asumidos los casos de expolio a la ciudadanía, pillaje de las arcas públicas, y robo institucionalizado, hay dos reflexiones adicionales que quiero compartir con el lector:

El fraude fiscal inherente a este tipo de comportamientos, pues hablamos de cajas B y, de otra parte, el promovido por este montón de ladrones institucionales, confesos o no, condenados o no, que se enorgullecen de dichas prácticas y como fin último disponen amnistias fiscales y aprueban indultos. Y, para terminar, manifiestan a través de los medios de comunicación y a los cuatro vientos… su dolor, sufrimiento e indignación, pues han sido condenados injustamente, es decir, que son inocentes.

Es cierto también, que las medidas o cuidados se relajan cuando el corrupto, tras la reiterada práctica y sin que le hayan descubierto, comience a creerse en una primera fase, impune y en la final, piense que esa es la forma natural de trabajar y, por tanto, que esa manera de proceder con agilidad y dinamismo no constituye una ilegalidad.

Cuando además, amparando al corruptor, son las altas instituciones del estado las que afirman y espetan que no somos todos iguales ante la ley y que no todos somos Hacienda. Afirmaciones ambas ciertas, acorde con la realidad descrita y, por tanto, contrarias a derecho, resulta increíble que, teniendo como misión la defensa de los intereses públicos -de todos- y obedeciendo únicamente a intereses espúreos, pueda decirlas un trabajador público y no le acarree ninguna consecuencia.

A estas alturas, y como cierre, le solicito al lector dos nuevas reflexiones: la primera sobre la pregunta formulada en el título del artículo y, la segunda, si necesita más argumentos para no votarles.

Según la RAE inocencia es equivalente a candor y sencillez o exención de culpa en un delito o mala acción.

De acuerdo al debate político actual todo el mundo parece consciente, desde hace bastante tiempo, que estamos en una época de crisis.

Disponemos también de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la que se señala que los diputados y senadores ejercerán su mandato en régimen de dedicación absoluta y que ésta será incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad retribuida.

Tras lo dicho parece imposible que ciertos casos de incompatibilidad sean posibles en este país, pero dado que al autor de las leyes no rebosa ni candor ni sencillez y toda acción antiética debe maquillarla… se inventan un coladero que es la aprobación por parte de la Comisión del Estatuto del Diputado, que dicho sea de paso, nunca deniega.

Dicho esto la inocencia en los políticos no debe presumirse… todo lo contrario, la culpabilidad es principio.

Si a todo esto se le añade que cuando algo no ético se hace, siempre buscan el momento propicio.

Más de lo mismo, recientemente se ha levantado la liebre en el Reino Unido por los escándalos de abuso en gastos oficiales, en los que no se salva ni el Tato.

La solución ofrecida es devolver lo estafado, cuando según la más mínima consideración ética, no sería cuestión de devolver lo estafado, además de los intereses de demora… lo más importante es que se dimita como político y se vaya a la cárcel, pues el delito no consiste exclusivamente en moneda, también deberán contemplarse el abuso de poder y la ejemplaridad de la condena.

Para concluir, ¿y aquí qué?